Los decanos de las principales facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitieron un comunicado en el que le solicitaron al presidente Javier Milei que no vete la ley de financiamiento universitario que fue aprobada en el Congreso de la Nación.
En un mensaje que ya circula en redes sociales, las máximas autoridades de las 13 facultades, junto al rector de la UBA Ricardo Gelpi y al vicerrector Emiliano Yacobitti, se dirigieron al Poder Ejecutivo para pedir la reglamentación de la norma sancionada recientemente por ambas cámaras.
El video institucional, de un minuto de duración, expone las preocupaciones centrales de la comunidad educativa: la incertidumbre sobre el sostenimiento del buen funcionamiento académico y las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad. El pronunciamiento fue firmado por los responsables de las distintas unidades académicas y difundido a través de los canales oficiales de la universidad, reflejando un consenso inédito entre las facultades ante la coyuntura.
Según las imágenes difundidas, las autoridades señalaron en su discurso: “Sigamos siendo lo que somos. Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo. Dentro de nuestras aulas. Con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones. Que puedan quedarse. Que puedan seguir enseñando. Porque sin ellos, la universidad no sería la misma. Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes”.
El reclamo se da en el marco del debate nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Senado el pasado 22 de agosto. De acuerdo al proyecto sancionado, entre otros puntos, la convocatoria a negociaciones paritarias destinadas a actualizar los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con el índice inflacionario.
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Además, prevé mecanismos de actualización automática para los gastos operativos de las universidades públicas y la creación de fondos específicos, destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento de actividades académicas. El texto legislativo proyecta un aumento gradual del financiamiento estatal al sector, desde un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, hasta alcanzar el 1,5% en 2031.
El contexto actual se ve atravesado por la experiencia previa de 2024, cuando el Congreso sancionó una norma similar y el presidente Milei decidió vetarla de manera total. Esa decisión, según las autoridades universitarias, provocó una reducción cercana a la mitad del poder adquisitivo de los sueldos docentes y no docentes, agravada por la falta de recomposición salarial ante la inflación acumulada. Esta situación llevó a la UBA a declarar el estado de emergencia salarial en marzo pasado, sumando presión sobre la administración central y colocando a la educación superior en una situación de vulnerabilidad inédita en las últimas décadas.
El comunicado institucional advierte que “la Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública”. Desde marzo, la UBA atraviesa un estado de emergencia en lo salarial, que afecta a toda la plana de profesionales que trabajan en las facultades. Además, la extinción de las negociaciones paritarias vinculadas a la inflación genera preocupación sobre la sustentabilidad de los proyectos de enseñanza e investigación y, en definitiva, sobre la garantía de derechos para quienes estudian y trabajan en la institución.
Desde la administración universitaria argumentan que este reclamo no tiene motivaciones partidarias, sino que se orienta a defender el valor colectivo de la educación pública. En el comunicado, los decanos sostienen: “No se trata de ideologías. No se trata de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública. La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan, y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley de financiamiento universitario. Que se implemente cuanto antes. Para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”.
Las autoridades de la universidad recalcaron la importancia de garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema público de enseñanza superior, enfatizando la continuidad de la excelencia académica y la necesidad de definir reglas de financiamiento que permitan planificar la vida institucional frente a los desafíos actuales.
