En Anisacate, las señales de alerta comienzan a multiplicarse. La intendenta Natalia Contini, agobiada por una gestión marcada por las deudas y el desgaste político, parece haber tomado la decisión de avanzar sobre la Cooperativa de Electricidad de Anisacate con la intención de utilizarla como salvavidas para los múltiples baches de su administración.
Lo que comenzó como una reunión informal en una plaza, terminó siendo una encendida arenga en contra de la actual conducción de la cooperativa. La jefa comunal, que en su momento supo identificarse con las ideas libertarias, hoy parece haber caído en sus propias contradicciones: implementó un tarifazo generalizado que golpea a la población, intervino centros de participación como vecinales y clubes, y consolidó un estilo de conducción que no tolera la disidencia.
Distintos actores del entramado social local denuncian un manejo autoritario —más cercano a la presión sistemática que al diálogo democrático— donde vecinos que expresan opiniones críticas en redes sociales o que apoyan espacios alternativos a su gestión son blanco de hostigamientos: demoras burocráticas, presiones impositivas y restricciones en el uso de espacios públicos para actividades culturales o sociales. Incluso muchos empleados de la municipalidad confiesan en privado tener temor de participar o mostrarse en espacios que no estén alineados con la gestión por miedo a perder su puesto de trabajo.
Ahora, el nuevo objetivo de Contini parece ser la Cooperativa de Electricidad, una institución autónoma que históricamente ha sido administrada por sus propios socios. Bajo el paraguas de una agrupación llamada Nuevo Espacio Cooperativa, vinculada directamente a su espacio político, intenta impulsar la destitución del actual Consejo de Administración con el discurso de la transparencia. Sin embargo, esta maniobra despierta sospechas entre muchos vecinos que interpretan el accionar como una amenaza a los principios de institucionalidad y autogestión cooperativa.
Vale recordar que el movimiento cooperativo se rige por normas y principios que garantizan la participación democrática de los socios, y cualquier intento de manipular o distorsionar sus procesos internos no solo vulnera esos principios, sino que pone en riesgo la estabilidad y autonomía de una entidad clave para el desarrollo de la comunidad.
Según trascendidos, al no lograr reunir el número necesario de candidatos para conformar una lista competitiva, el oficialismo estaría evaluando estrategias que desvirtúan el espíritu electoral, priorizando el conflicto sobre el debate y la legitimidad.
Carlos Ríos, presidente de la cooperativa, advirtió a través de un video publicado en redes sociales: “Van por todo, sin importar lo que destruyan”. Su mensaje es claro: el conflicto que se avecina no es solo político, sino institucional. Y lo que está en juego es mucho más que una elección: es el futuro de la cooperativa y, con ella, el de la comunidad.
