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Colombia

Caramanta, pueblo natal de la congresista Verónica Estrada, observa con asombro el escándalo por sus títulos falsos; las denuncias que marcan su caso

En el municipio del suroeste antioqueño donde nació la representante a la Cámara, los pobladores observan con asombro el escándalo por sus títulos.

Por Carolina Bohórquez Ramírezen El Tiempo Colombia7 min de lectura

Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.

Claves de la noticia

  • La congresista Luz Verónica Estrada, de 27 años, enfrenta cinco denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y una solicitud de renuncia de la dirección nacional del Pacto Histórico por presuntas inconsistencias en sus títulos y certificados laborales.
  • Según el colegio Juan Pablo Gómez Ochoa de Caramanta, Estrada no habría culminado la educación media, y el plantel declaró falso el diploma de bachiller que se le atribuía.
  • Universidades como la Nacional y la de Antioquia negaron haber expedido los títulos de ingeniería de minas atribuidos a la congresista.
  • Estrada se habría vinculado a empresas mineras en Marmato y Buriticá, donde Aris Mining aclaró que ocupó un cargo operativo y no de jefa de mina.
  • Estrada firmó en 2025 un contrato con la Dian por 78 millones de pesos; ella no ha presentado su renuncia y conserva su curul, y contrató al abogado Santiago Trespalacios para su defensa.

Contexto

Caramanta es un municipio pequeño del suroeste antioqueño, con cerca de 4.400 habitantes, cuya economía agrícola gira en torno al café y la caña panelera. El caso de Estrada ha llamado la atención porque combina credenciales académicas cuestionadas con un cargo en el Congreso de la República, institución que aprueba leyes y ejerce control político. Las denuncias se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia, que en Colombia investiga a los congresistas, mientras la Procuraduría revisa aspectos disciplinarios. Para los lectores, el asunto plantea preguntas sobre los controles de verificación de hojas de vida en la contratación pública y en los procesos internos de los partidos.

Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

Caramanta, pueblo natal de la congresista Verónica Estrada, observa con asombro el escándalo por sus títulos falsos; las denuncias que marcan su caso
Imagen: El Tiempo Colombia

Encaramado sobre las estribaciones de la cordillera Occidental a 2.050 metros sobre el nivel del mar, y a 118 kilómetros de Medellín en los límites con el departamento de Caldas, Caramanta es un municipio frío y montañoso de apenas 4.400 habitantes. Conocido como el ‘Mirador de Antioquia’, la ‘Capital de la Ruana’ y la ‘Cuna de la Solidaridad’, su cotidianidad agrícola gira en torno a los cultivos de café, caña panelera, plátano y la ganadería, entre calles de arquitectura tradicional donde las familias se conocen de toda la vida.  Hoy, en ese pueblo tranquilo del suroeste antioqueño, el nombre de su oriunda más visible en el Congreso nacional es motivo de asombro y reserva.  Mientras una cascada de desmentidos académicos, laborales y judiciales sacude la agenda política en Bogotá y Medellín, en las calles de esta localidad cafetera —donde Luz Verónica Estrada Holguín nació el 16 de noviembre de 1999 y creció en el seno de una familia campesina— los pobladores continúan con su cotidianidad mientras el caso de la congresista de 27 años está en el ojo del huracán porque se enfrenta a cinco denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y una solicitud de renuncia de su partido, tras conocerse presuntas inconsistencias en sus títulos académicos y certificados laborales.

Pese a la presión política y al aislamiento dentro de su propia bancada, Luz Verónica Estrada no ha presentado su carta de renuncia y conserva su curul en la Cámara de Representantes. Tras varios días de reserva, reapareció el sábado 21 de noviembre en su cuenta oficial de X con un mensaje sobre su estrategia jurídica: “Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”. El jurista elegido para asumir su defensa ante el alto tribunal es Santiago Trespalacios Carrasquilla, un reconocido abogado penalista y docente universitario nacido en Medellín, Antioquia.  Egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con maestrías en Ciencias Penales de la Universidad Externado y en Estudios Humanísticos de la Universidad Eafit, Trespalacios es socio fundador de la firma Trespalacios y preside el Capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.  La información pública de la firma señala que Trespalacios es "abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana; con dos maestrías: una en Derecho con énfasis en Ciencias Penales del Externado de Colombia y otra en Estudios Humanísticos de Eafit.

Ha sido capacitador en más de 10 países y consultor de múltiples instituciones nacionales y extranjeras. Docente de posgrado en varias universidades del país y de pregrado en la universidad de la cual egresó". Tras asumir el caso, el litigante respaldó el silencio mediático de la congresista y cuestionó que sectores de su propio partido le nieguen las garantías procesales y la presunción de inocencia. "Asumimos la defensa de Verónica quien tiene las mismas garantías que tantos otros que han enfrentado procesos judiciales. A ella le hemos recomendado que guarde silencio y que empleemos la energía en prepararnos para actuar en los estrados", escribió el abogado en su cuenta de X, quien en otra publicación, sin referirse puntualmente a la congresista, escribió: "Del Pacto Histórico me asombra la solidaridad incondicional que tiene cuando el denunciado es un hombre de su partido y el doloroso abandono cuando es una mujer…".

Entretanto, en Caramanta, sus habitantes observan en medio de un cauteloso silencio cómo el nombre de su municipio quedó ligado a uno de los mayores escándalos documentales del Congreso. Sin embargo, el impacto institucional ya rompió la tranquilidad habitual del municipio, cuyo único colegio público oficial terminó en el centro de una investigación penal.  El epicentro de la polémica local es la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, plantel donde Estrada inició su formación desde preescolar.  Tras conocerse un supuesto diploma que la acreditaba como bachiller de media técnica con especialidad en Comercio, fechado el 25 de noviembre de 2017, las directivas revisaron sus libros de registro.

Públicamente se conoció que no habría culminado la educación media. Según los archivos oficiales, Estrada habría reprobado octavo grado en 2016 y, aunque fue matriculada como repitente para 2017, habría abandonado los estudios sin graduarse. La reacción más firme en Caramanta provino de las oficinas administrativas del plantel.  A su voz se sumó el comunicado oficial del colegio, que declaró “la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado” y notificó a la Gobernación de Antioquia y a las autoridades competentes. El desmentido desde su pueblo natal terminó de derrumbar la hoja de vida profesional con la que Estrada se habría abierto paso en el sector minero y en la política.  Tras dejar las aulas en Caramanta, la hoy congresista se trasladó a municipios auríferos donde habría desempeñado labores operativas antes de escalar mediante credenciales cuestionadas.  En Marmato, Caldas, estuvo vinculada entre julio de 2021 y agosto de 2022 a la compañía Caldas Gold, posteriormente adquirida por Aris Mining.  El pasado 19 de noviembre, Aris Mining señaló que Estrada no habría sido jefa de mina, aclarando que ocupó el cargo de operaria de Mina 4, una labor operativa dedicada al conteo de coches de mineral que no exigía título profesional.

Posteriormente, en Buriticá, Antioquia, habría sido contratada en enero de 2024 como jefa de mina tras presentar un diploma que la acreditaba como ingeniera de Minas de la Universidad de Antioquia.  Esa relación terminó el primero de marzo de ese mismo año, luego de que la empresa le exigiera certificaciones académicas originales. En ese municipio antioqueño también habría trabajado durante nueve meses en la empresa La Fortuna implementando protocolos de seguridad y se dio a conocer como asesora y lideresa de organizaciones de pequeños mineros locales. A la par de su paso por las minas, las instituciones de educación superior desmintieron uno a uno sus supuestos títulos.

Las primeras alertas documentadas surgieron en abril de 2024, cuando la minera Continental Gold consultó a la Universidad Nacional sobre un diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia con fecha de grado de noviembre de 2021 atribuido a Estrada.  Al no hallar registros suyos como estudiante ni egresada, la universidad denunció el caso ante la Fiscalía 172 Seccional de Medellín y ratificó la inexistencia del título en noviembre de 2025 ante una consulta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, entidad que tampoco encontró tarjeta profesional a su nombre.  En noviembre de 2026, la Universidad de Antioquia hizo lo propio al negar la expedición de su diploma y aclarar que “no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas”.

En medio de estas irregularidades, Estrada suscribió en 2025 un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por 78 millones de pesos, con honorarios cercanos a los ocho millones mensuales, para apoyar a la Dirección General en políticas de control sobre el sector minero. Según los documentos del Secop, el entonces director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, le solicitó presentar su oferta el 4 de marzo de 2025 y al día siguiente ella radicó su hoja de vida con los soportes cuestionados, asegurando que “cumplo con los requisitos de formación académica y experiencia exigidos por la entidad”.  Tras estallar el escándalo, Llinás afirmó haber sido “asaltado en su buena fe”, aunque los registros muestran que el exfuncionario trabajó luego en la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista entre julio y septiembre de 2026.

Su salto al Legislativo se concretó tras superar en septiembre de 2025 la revisión del Comité de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico. En la consulta interna del 26 de octubre de ese año obtuvo más de 7.000 votos, ocupó el segundo lugar en la lista cerrada a la Cámara por Antioquia y resultó elegida para el periodo 2026-2030, contando con el respaldo público de la senadora Isabel Zuleta, quien recientemente aseguró haberla conocido como lideresa minera en Buriticá y negó haber participado en la verificación de sus documentos. El escándalo estalló a nivel nacional el 17 de noviembre de 2026, tras una discusión entre Estrada y el canciller Ómar Bula en la Comisión Segunda de la Cámara que dejó en evidencia falencias en su dominio técnico y detonó la revisión pública de su hoja de vida.

Hoy, la representante enfrenta cinco denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, investigaciones disciplinarias de la Procuraduría y una solicitud formal de renuncia por parte de la dirección nacional del Pacto Histórico, cuya Comisión Nacional de Ética Provisional fue convocada para analizar el caso. CAROLINA BOHÓRQUEZ Corresponsal de EL TIEMPO