Corte avala el Estado de Emergencia decretado por el gobierno ADLE tras el terremoto del 10 de agosto
El alto tribunal, en su decisión, impuso estrictas condiciones para limitar el uso de los recursos anunciados en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026.
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Claves de la noticia
- La Corte Constitucional avaló, por siete votos contra uno, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado tras el terremoto del 10 de agosto.
- La Corte impuso condiciones para limitar el uso de los recursos anunciados en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, evitando desviaciones presupuestales.
- El Ministerio de Hacienda tiene 20 días hábiles para recalcular el costo real de la emergencia y definir los recursos estrictamente necesarios.
- Las entidades que ordenen gastos extraordinarios deberán demostrar por qué no pueden usar los mecanismos ordinarios de financiación, y el Gobierno debe crear un seguimiento independiente del dinero.
- La Corte exhortó al presidente Abelardo De la Espriella a ejecutar un plan de reconstrucción con planeación financiera a varios años.
Contexto
El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 300 fallecidos, miles de heridos y cientos de miles de familias damnificadas en 16 departamentos. Los daños fueron severos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Un estado de emergencia económica permite al Gobierno adoptar medidas extraordinarias y gastar recursos fuera de los procedimientos habituales, por lo que la Corte Constitucional revisa su legalidad. El aval con condiciones busca que el dinero se use solo en lo necesario y con control, mientras el país enfrenta la reconstrucción de las zonas afectadas.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Heraldo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.
La Corte Constitucional informó este miércoles que, con votación de siete a uno, avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
El alto tribunal, en su decisión, impuso estrictas condiciones para limitar el uso de los recursos anunciados en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026.
Para evitar desviaciones presupuestales, la Corte ordenó el recálculo del costo, para lo que el Ministerio de Hacienda tiene un plazo de 20 días hábiles para recalcular el costo real de la emergencia y definir los recursos estrictamente necesarios.
Así mismo, dispuso queas entidades que ordenen gastos extraordinarios deberán demostrar por qué no pueden usar los mecanismos ordinarios de financiación.
Además, el Gobierno debe implementar un sistema de seguimiento independiente para que los organismos de control conozcan permanentemente el destino del dinero.
Y exhortó el tribunal al presidente Abelardo De la Espriella a ejecutar un plan de reconstrucción con planeación financiera a varios años.
El terremoto del 10 de agosto de 2026, que alcanzó una magnitud de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 300 fallecidos, miles de heridos y cientos de miles de familias damnificadas en 16 departamentos, con daños severos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.
