Deicy Jiménez no asistió a cita con la Fiscalía para declarar por el caso de los presuntos ‘sexocontratos’ de Petro
El ente acusador está a la espera de que se acerque nuevamente a las instalaciones la mujer que denunció al expresidente y su representante legal.
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Claves de la noticia
- La Fiscalía General de la Nación informó que Deicy Jiménez y su abogada, Dina Malo, no acudieron a una cita para rendir declaración dentro de la investigación.
- La inasistencia se debió, según la Fiscalía, a un problema de salud del esposo de la abogada.
- La entidad espera que Jiménez entregue su declaración formal durante este viernes o a lo largo del fin de semana.
- El caso investiga denuncias sobre presuntos ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales, que involucran al expresidente Gustavo Petro, quien rechaza las acusaciones.
- El teléfono celular de Jiménez fue sometido a una extracción forense por orden de la Corte Suprema de Justicia, y la exsenadora María José Pizarro también aparece señalada por contratos suscritos durante su vicepresidencia del Senado.
Contexto
El caso se enmarca en las denuncias de Deicy Jiménez, quien afirmó que durante el gobierno de Gustavo Petro existió un mecanismo de contratación estatal usado para obtener beneficios sexuales y que entre 30 y 40 mujeres podrían haber vivido situaciones similares. La Fiscalía General de la Nación es el ente encargado de investigar delitos en Colombia, por lo que cualquier declaración formal es un paso relevante para esclarecer los hechos. Según registros reportados por medios de comunicación, Jiménez tuvo vinculaciones con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por ahora no existe ninguna determinación judicial que establezca responsabilidades, y las denuncias siguen bajo investigación.
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La Fiscalía General de la Nación informó que Deicy Jiménez y su abogada, Dina Malo, no se presentaron en el búnker de la entidad, donde estaba previsto que rindieran declaración dentro de la investigación que señala al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales.
Según explicó el ente acusador, la inasistencia obedeció a un percance de salud que sufrió el esposo de la abogada, situación que les impidió acudir a la diligencia.
La Fiscalía indicó que está a la espera de que Jiménez y su representante legal se acerquen a las instalaciones de la entidad durante este viernes o a lo largo del fin de semana para entregar su declaración formal y avanzar en las indagaciones.
La diligencia hace parte de las actuaciones que buscan esclarecer las denuncias sobre posibles ofrecimientos de contratos públicos a cambio de favores sexuales, un caso que ha generado repercusiones políticas y judiciales.
El caso se originó a partir de las declaraciones de Jiménez, quien aseguró que durante la administración de Petro habría existido un mecanismo de contratación estatal utilizado para obtener beneficios sexuales. La mujer sostuvo que entre 30 y 40 mujeres podrían haber atravesado situaciones similares.
De acuerdo con información conocida sobre el caso, Jiménez tuvo contratos con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Registros públicos reportados por medios de comunicación dan cuenta de 10 vinculaciones contractuales en un periodo de cinco años, por un valor aproximado de $134 millones.
La investigación también incluye el análisis de la información contenida en el teléfono celular de Jiménez. El pasado 6 de noviembre, funcionarios del CTI realizaron una extracción forense del dispositivo durante una diligencia que se extendió por más de 15 horas, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Los señalamientos también han involucrado a la exsenadora María José Pizarro, por contratos suscritos cuando ocupaba la vicepresidencia del Senado. La congresista ha defendido que la vinculación de Jiménez se realizó bajo condiciones normales y que la contratista cumplió con las labores asignadas.
Por su parte, Gustavo Petro ha rechazado las acusaciones y negado que hubiera condicionado la entrega de contratos públicos a encuentros sexuales. Las denuncias continúan bajo investigación y hasta el momento no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades.
