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Política

El DHS impulsa miles de millones de dólares para deportaciones y proyectos fronterizos. Los demócratas preparan supervisión

El Departamento de Seguridad Nacional quiere aprovechar sus fondos pesar del menguante apoyo público a la política inmigratoria

Por Priscilla Álvarez, Audrey Ash, Annie Grayeren CNN en Español9 min de lectura

Noticia publicada originalmente por CNN en Español en cnnespanol.cnn.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.

Claves de la noticia

  • El DHS está gastando miles de millones de dólares en deportaciones y proyectos fronterizos pese al menguante apoyo público a la política migratoria restrictiva del presidente Trump.
  • Según un análisis de CNN de registros gubernamentales, ICE y CBP firmaron en el año fiscal 2026 nuevos contratos por más de US$ 41.700 millones, más del triple que el año anterior.
  • Los demócratas, tras ganar las elecciones de mitad de mandato, planean ejercer una estricta supervisión del gasto, aunque revertirlo sería difícil sin el acuerdo de Trump.
  • El DHS compró centros de detención a contratistas como CoreCivic, que anunció la venta de cuatro instalaciones por unos US$ 2.200 millones, y un contrato de vuelos chárter de US$ 1.280 millones con CSI Aviation.
  • Un funcionario de la agencia dijo que el ritmo de gasto se mantiene constante, mientras que el representante republicano Mark Amodei sigue de cerca las decisiones de gasto antes de jubilarse.

Contexto

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es la agencia federal encargada de la seguridad interior, que incluye el control migratorio a través de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Su presupuesto se amplió con leyes aprobadas por los republicanos en el último año, que destinaron decenas de miles de millones de dólares a estas agencias. La cuestión es relevante porque el gasto se produce en un momento de cambio político, con el Congreso a punto de pasar a manos demócratas, que buscan reforzar la vigilancia sobre los contratos y los fondos. El debate también se enmarca en la política migratoria de deportaciones masivas, que según el artículo pierde apoyo ciudadano.

Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por CNN en Español. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

El DHS impulsa miles de millones de dólares para deportaciones y proyectos fronterizos. Los demócratas preparan supervisión
Imagen: CNN en Español

Un martes por la tarde, el subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar, se presentó ante decenas de contratistas y líderes de la industria y alardeó del presupuesto multimillonario de su departamento, afirmando que era mayor que el de American Airlines.

El mensaje —descrito por dos personas presentes— fue claro para los asistentes: el DHS estaba más ansioso que nunca por gastar dinero para cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de deportar masivamente a inmigrantes.

El departamento necesita más espacio para centros de detención, más aerolíneas, más de todo para resolver lo que Edgar describió como un problema en la cadena de suministro, señalaron dichas personas.

Este es el ejemplo más reciente de cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está aprovechando los miles de millones de dólares en sus arcas a pesar del menguante apoyo público a la política inmigratoria restrictiva del presidente.

Esta iniciativa surge en un momento en que los demócratas, eufóricos por sus contundentes victorias en las elecciones de mitad de mandato, se preparan para usar sus mayorías para ejercer una estricta supervisión del gasto del departamento y buscar maneras de controlarlo.

En los últimos meses, el DHS ha adjudicado un contrato de casi US$ 1.300 millones para vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al menos US$ 1.500 millones para infraestructura fronteriza, un contrato multimillonario para transportar detenidos de ICE y casi US$ 13 millones para un centro canino.

“Quieren usar la autoridad de gasto que tienen para hacer lo que les plazca antes de que haya un nuevo sheriff en la ciudad”, declaró a CNN el representante republicano Mark Amodei, quien supervisa el presupuesto del DHS en la Cámara de Representantes durante las semanas restantes de la mayoría republicana.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que el departamento está utilizando los fondos “para reforzar la seguridad fronteriza, contratar a más agentes del ICE, financiar completamente el programa 287(g) y ampliar el espacio de detención”.

Y añadió que, gracias a la legislación aprobada este año, “ICE y la CBP cuentan con financiación completa durante el resto del mandato del presidente Trump, lo que garantiza que nuestra misión de proteger la patria continúe sin obstáculos”.

Los demócratas esperan construir “barreras de protección”

En los días inmediatamente posteriores a las elecciones intermedias, Trump pareció mostrarse algo indeciso respecto a su política inmigratoria, reconociendo en una entrevista con el programa “60 Minutes” que era “demasiado dura”.

Posteriormente, defendió su política y ascendió a Stephen Miller —el impulsor más acérrimo de las deportaciones masivas dentro de la administración— al cargo de secretario general de la Casa Blanca.

En el Departamento de Seguridad Nacional, todo ha seguido igual, y los funcionarios han continuado firmando contratos a un ritmo similar al previo a las elecciones.

El año pasado, los republicanos aprobaron la llamada “Gran y Hermosa Ley”, que destina US$ 75.000 millones para que ICE los gaste durante los próximos cuatro años, y US$ 65.000 millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En junio, el Congreso aprobó un paquete de medidas de control inmigratorio de aproximadamente US$ 70.000 millones —la Ley “Secure America”— destinado a financiar a ICE y a la CBP hasta el final del segundo mandato de Trump.

Un análisis de CNN de los registros gubernamentales reveló que, en el año fiscal 2026, que abarcó desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026, ICE y CBP firmaron nuevos contratos por un valor superior a los US$ 41.700 millones, con la posibilidad de alcanzar los US$ 63.700 millones.

Esto representa más del triple de la cantidad del año anterior: en los doce meses previos, que incluyen tres meses de la administración Biden, ambas agencias solo adjudicaron contratos por un valor de US$ 12.300 millones.

El representante demócrata Henry Cuellar, miembro de mayor rango de la subcomisión de Seguridad Nacional de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, declaró a CNN que está estudiando cómo poner límites al uso de esos fondos.

“Una vez que tengamos el control, podremos hacer mucho más en cuanto a las medidas de supervisión”, apuntó, refiriéndose a la supervisión de los fondos por parte de su comisión. Esto incluye imponer algunas restricciones a ICE y proporcionar más fondos al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional para la supervisión.

Los legisladores demócratas ya tienen planes para examinar con quién firmó contratos el DHS —y cómo— mediante una serie de medidas de supervisión.

Sin embargo, retirar los miles de millones de dólares en fondos probablemente sea una tarea ardua, dado que los demócratas necesitarían el acuerdo de Trump o lograr una improbable mayoría que les permita anular un posible veto.

“Lo único que frena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es la presión del Congreso o del público sobre el presidente para que le imponga limitaciones”, declaró Claire Trickler-McNulty, una exalta funcionaria de ICE.

Incluso antes de que los demócratas asuman el poder, Amodei, que se jubila, declaró a CNN que está siguiendo de cerca cómo el Departamento de Seguridad Nacional toma las decisiones de gasto para controlar si la agencia se está adentrando en un terreno políticamente impopular.

“Estamos atentos a lo que hacen. Pero parece que dista mucho de aquellos tiempos de almacenes, aviones y demás”, comentó.

Hasta septiembre, ICE ya había reservado US$ 22.200 millones utilizando fondos de los dos proyectos de ley aprobados por los republicanos, con US$ 91.000 millones restantes para gastar, mientras que la CBP había comprometido US$ 45.200 millones de esos mismos fondos, con US$ 45.000 millones restantes para gastar, según datos recopilados por el personal demócrata de la Comisión de Presupuesto del Senado.

Mientras tanto, algunos de los contratistas más importantes del departamento han seguido adelante con sus planes.

En una teleconferencia sobre resultados trimestrales celebrada este mes, CoreCivic, uno de los mayores operadores privados de prisiones y centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, comunicó a los inversores que no prevé que el Departamento de Seguridad Nacional reduzca su ritmo tras las elecciones y anticipa que la población detenida seguirá aumentando.

“No hay nada que nos haga pensar lo contrario. Cuentan con la financiación necesaria para hacerlo, y esta se extiende hasta 2029, por lo que pueden seguir firmando contratos y utilizando la capacidad de camas gracias a esos fondos hasta entonces. Creemos que continuarán haciéndolo”, declaró Lucibeth Mayberry, presidenta y CEO de CoreCivic.

Algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon a CNN que el ritmo de gasto se ha mantenido constante desde que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, eliminó la política de su predecesora, Kristi Noem, de aprobar contratos que superaran los US$ 100.000, y que ahora simplemente tienen más dinero y contratos para distribuir.

Otros funcionarios han comunicado a los contratistas que están acelerando los procesos de contratación, en particular con las empresas que históricamente han trabajado con el departamento.

“Se pusieron manos a la obra”, comentó a CNN una fuente familiarizada con el proceso de contratación. “Es el miedo a lo desconocido”.

Miles de millones para comprar centros de detención y aviones

En Front Royal, Virginia, las instalaciones de la división canina de la agencia están siendo renovadas con una inversión de US$ 12,8 millones. En Georgia, el Centro Federal de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley contará con un nuevo almacén de municiones valorado en US$ 2,2 millones.

En agosto, se adjudicó un contrato de US$ 100 millones para apoyar el programa 287(g) en Texas, que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar ciertas acciones de control inmigratorio.

El contrato cubre el apoyo armado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para el traslado de detenidos desde las jurisdicciones locales hasta las dependencias de ICE. Si bien hasta el momento solo se han comprometido US$ 100 millones, el contrato podría aumentar hasta alcanzar los US$ 382,3 millones.

Varios de los contratos de 2026 son para obras de construcción en instalaciones antiguas de la CBP. Algunos de los contratos más importantes de la CBP, todos valorados en más de US$ 100 millones cada uno, son para el diseño, la construcción o el mantenimiento de estructuras en Texas, California, Florida y Nuevo México.

Esto se suma al gasto en el muro fronterizo. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, declaró en junio que la construcción del muro fronterizo está “adelantada y por debajo del presupuesto”, citando fondos previos asignados por el Congreso y el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente, que destinó US$ 46.500 millones para la edificación.

Recientemente, la Corte Suprema también permitió a Trump continuar con la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend de Texas, incluido el Parque Nacional de Big Bend

La decisión suspende un fallo de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente esa obra mientras se considera si la administración tenía la autoridad para eludir los requisitos ambientales.

Esta semana, la representante Verónica Escobar de Texas, junto con otros legisladores demócratas, instó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional a investigar el proceso de contratación que dio lugar a la adjudicación de casi US$ 7.500 millones para proyectos de infraestructura fronteriza en la región de Big Bend.

En octubre de este año, uno de los contratos más importantes de los últimos dos años se firmó con CSI Aviation, una compañía de vuelos chárter que ya había mantenido lucrativos vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional.

El contrato, valorado en US$ 1.280 millones, contempla servicios de vuelo a demanda para “operaciones de control y expulsión en el marco del programa ICE Air”. Se han pagado al menos US$ 885 millones a CSI mediante este contrato, lo que indica que ya se han prestado algunos servicios.

El Departamento de Seguridad Nacional ya estaba bajo un intenso escrutinio por la compra de los aviones que CSI Aviation tiene contratados para operar.

En 2025, el DHS gastó cientos de millones de dólares en contratos y 10 aviones para crear una mini aerolínea de deportación para ICE. CNN informó previamente que la mayoría de esos aviones permanecían estacionados en un hangar en Louisiana, sin un plan concreto para su uso.

ICE también ha estado invirtiendo grandes sumas en la compra de centros de detención a dos de sus mayores contratistas.

Según informó a los inversores este mes George Zoley, CEO de GEO Group, contratistas privados poseen y operan 34 centros de detención en todo el país. De estos, GEO Group posee y opera 20, mientras que CoreCivic es responsable de 12.

CoreCivic anunció la venta de cuatro instalaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este año por un total aproximado de US$ 2.200 millones, según consta en los documentos presentados por la empresa ante la SEC.

Mayberry informó a los inversores que los directivos de la empresa “siguen dialogando con ICE sobre la posible adquisición de instalaciones de detención adicionales de CoreCivic”, aunque advirtió que las conversaciones se encuentran en una fase preliminar.

CoreCivic es responsable de la custodia de más de 60.000 detenidos de ICE.

En un informe publicado esta semana, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que los planes actuales del ICE indican que la agencia espera comprometer los fondos restantes para detenciones provenientes del “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente para finales del próximo año.