El drama de los afectados del edificio Bernavento: 8 años después de la implosión, 48 familias siguen sin ver un peso de su indemnización
A más de ocho años de la demolición de su edificio por fallas estructurales, los afectados exigen a la Defensoría el giro de sus recursos.
Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- Ocho años después de la implosión del edificio Bernavento en Medellín, las 48 familias afectadas siguen sin recibir el 20 por ciento de la indemnización colectiva.
- Los afectados dicen que el dinero ya está en poder de la Defensoría del Pueblo, tras la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín.
- El 80 por ciento restante de la condena no ha sido depositado por los responsables solidarios, entre ellos el Distrito de Medellín.
- Los residentes denunciaron deficiencias estructurales tras entregar los apartamentos en 2010, evacuaron preventivamente en 2016 y el edificio fue demolido mediante implosión en junio de 2018.
- Según el comunicado de los afectados, la respuesta esperada a su última solicitud ante la Defensoría del Pueblo llegaría el 17 de noviembre de 2026.
Contexto
El caso del edificio Bernavento es relevante porque reúne fallas en la construcción, en los controles urbanísticos y en el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Las familias compraron sus viviendas con ahorros de toda la vida y, tras años de deterioro, perdieron su patrimonio y tuvieron que vivir con familiares o pagar arriendo. La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de materializar los desembolsos, mientras que el Distrito de Medellín figura entre los responsables solidarios de la condena. El edificio fue construido en Medellín en la década de 2000, y la situación refleja la dificultad de hacer efectivas las decisiones judiciales cuando intervienen varias instituciones públicas y privadas.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

A pesar de los fallos judiciales emitidos en favor de los propietarios, el calvario para las 48 familias del edificio Bernavento en Medellín está lejos de terminar. A la fecha, los afectados emitieron una comunicación en la que dicen que continúan a la espera de que la Defensoría del Pueblo materialice el desembolso del 20 por ciento de la indemnización colectiva que ya reposa en sus arcas, tras la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín. Aunque se han aportado documentos y realizado gestiones administrativas —como correcciones en certificaciones bancarias y formatos SIIF—, los recursos siguen sin llegar a los bolsillos de quienes lo perdieron todo.
Paralelamente, el 80 % restante de la condena económica sigue sin ser depositado por los responsables solidarios, entre los que figura el hoy Distrito de Medellín, cuya omisión en los controles urbanísticos permitió esta tragedia inmobiliaria. Detrás de las cifras y los estrados judiciales se esconde un drama humano desgarrador. Las 48 familias que con ilusión invirtieron los ahorros de toda su vida y su patrimonio en los apartamentos del Bernavento —entregados originalmente en 2010— han tenido que transitar por más de una década de incertidumbre, angustia y desgaste emocional. Tras empezar a notar deficiencias estructurales y ver cómo sus hogares se convertían en una amenaza mortal, los residentes se vieron obligados a evacuar preventivamente en 2016.
Muchos debieron refugiarse con familiares o asumir costos de alquiler en medio de la precariedad. Años de batallas legales, exigencias burocráticas y el incumplimiento sistemático de las indemnizaciones por daños morales, perjuicios materiales y daño emergente han prolongado indefinidamente el sufrimiento de estas familias, quienes claman que los pagos se realicen sin más dilaciones. "El pasado 23 de octubre de 2026 se presentó la última solicitud ante la Defensoría del Pueblo. Se espera recibir respuesta el próximo 17 de noviembre de 2026 que permita avanzar hacia el desembolso efectivo de los recursos", dicen los afectados en el comunicado.
Entre los años 2008 y 2009 se levantó el edificio Bernavento bajo la licencia de construcción N.° C2-1476-2006 otorgada por la Curaduría Segunda. El proyecto estuvo a cargo de la constructora San Felipe-Promotora Bernavento, mientras que el diseño arquitectónico recayó en Sergio Mejía. Sin embargo, un dato clave que encendió las alertas desde el principio fue la participación del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo profesional que estuvo involucrado en el fatídico colapso del edificio Space, lo que evidenció patrones técnicos cuestionables que marcarían el trágico futuro de ambas edificaciones en Medellín.
Los problemas estructurales no tardaron en manifestarse. Apenas un año después de recibir sus viviendas en 2010, los propietarios comenzaron a percatarse de graves deficiencias en la edificación. Ante la creciente zozobra por su patrimonio, los residentes solicitaron en 2013 la intervención del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), cuyos inspectores constataron un evidente deterioro en la mampostería. Esto llevó a que los habitantes contrataran a la firma Ingeconcreto para realizar un riguroso estudio de vulnerabilidad, cuyo dictamen fue lapidario: la debilidad estructural era tan crítica que la edificación era inviable.
Con este informe en la mano, el Dagrd recomendó la evacuación preventiva en 2016, y un año después la misma firma presentó un diseño de reforzamiento estructural ante la Curaduría Primera. La situación colapsó definitivamente a principios de 2018. Aunque la Curaduría Primera otorgó la licencia de reforzamiento en marzo de ese año, el 28 de marzo las alarmas se activaron de emergencia tras detectarse fallas críticas que obligaron a evacuar tres edificaciones vecinas y a instalar un sismógrafo del Sistema de Alerta Temprana (Siata). El 12 de abril, una columna falló de manera alarmante, lo que llevó al Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) a recomendar la demolición preventiva.
Ante el inminente peligro, un despliegue institucional de 150 funcionarios evacuó la zona. Finalmente, la empresa Atila Demoliciones —la misma encargada del edificio Space— ejecutó la implosión controlada el 14 de junio de 2018 en tan solo 3,2 segundos, tras evacuar 1.118 viviendas en 11 unidades cercanas y paralizar el tráfico en seis puntos, cerrando trágicamente un capítulo de negligencias cuyas secuelas económicas y emocionales persisten hasta hoy.