El presidente Abelardo De La Espriella y las regiones en 100 días del Gobierno: estos son los resultados y los desafíos
Mandatarios destacan una mayor interlocución con la Nación, pero esperan que los compromisos se traduzcan en obras dentro del Plan de Desarrollo.
Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- En sus primeros 100 días, el presidente Abelardo De La Espriella ha concentrado buena parte de su agenda en las regiones, con visitas, consejos de seguridad y reuniones con gobernadores y alcaldes.
- Gobernadores de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca reconocen avances en la interlocución, pero piden que los anuncios se traduzcan en inversiones concretas en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
- La seguridad aparece como condición central para atraer inversión, según el Gobierno, y la sede de la Subdirección General de Policía quedó en Barranquilla.
- El Departamento Nacional de Planeación presentó un portafolio preliminar de 48 proyectos para Antioquia por 57,6 billones de pesos.
- El PND tendrá un eje llamado Colombia desde las Regiones, y el proyecto de ley se radicará ante el Congreso el 7 de febrero de 2027, tras encuentros regionales.
Contexto
El modelo de descentralización colombiano reparte competencias entre la Nación y los departamentos y municipios, que dependen en gran medida de recursos del Gobierno central para financiar obras. Por eso, las promesas de gobernar desde las regiones resultan relevantes para millones de habitantes que esperan decisiones sobre transporte, seguridad y vivienda. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que fija las prioridades de inversión de cada cuatrienio, de modo que su contenido definirá qué proyectos regionales avanzan. La nota, publicada por El Tiempo, recoge la visión de varios mandatarios locales y de funcionarios nacionales, y muestra que el balance de los primeros meses combina avances en la interlocución con desafíos pendientes en seguridad y financiación.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella ha puesto buena parte de su atención en las regiones. Ha recorrido distintos departamentos, encabezado consejos de seguridad, anunciado inversiones y se ha reunido con gobernadores y alcaldes para conocer las necesidades de los territorios. Su intención es que las regiones tengan un papel más importante en las decisiones del Gobierno Nacional. La apuesta, sin embargo, también requiere convertir los anuncios en inversiones concretas. Mientras departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca reconocen avances en la interlocución con el Ejecutivo, sus mandatarios mantienen sobre la mesa proyectos históricos que esperan ver incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030.La seguridad aparece como la columna vertebral de la conversación con las regiones. Para De La Espriella, recuperar el control territorial constituye una condición indispensable para atraer inversión, impulsar la economía y ejecutar las obras.
La capital del Atlántico fue el primer ejemplo de la promesa del Presidente de gobernar desde las regiones. El gesto más visible fue instalar en Barranquilla una de las sedes de gobierno que funciona en el Batallón Paraíso, con adecuaciones adelantadas en su período como presidente electo, y la sede se ha vuelto epicentro de reuniones diplomáticas. En materia institucional, el Atlántico celebró que la sede permanente de la Subdirección General de Policía esté en Barranquilla, con el propósito de fortalecer la seguridad de la ciudad y del país. Además, el gobernador Eduardo Verano agradeció públicamente al Presidente por escuchar a Barranquilla y al Atlántico tras el traslado de cerca de 30 reclusos de alta peligrosidad a cárceles fuera de la ciudad, una medida que también celebró el alcalde Char.
Soledad y el área metropolitana también han estado en la agenda. El mandatario lideró en Barranquilla un consejo de seguridad con el gobernador y los alcaldes de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Soledad planteó allí sus necesidades: más pie de fuerza, cámaras con reconocimiento facial y claridad sobre el Comando Metropolitano de Policía para Soledad y Malambo. Semanas después, en el acto de entrega de la administración del lado tierra del Cortissoz a Barranquilla, el mandatario lanzó un ultimátum en el que afirmó que “hay que recuperar a Soledad de la inseguridad y la corrupción”, añadiendo que ya tenía claro quiénes estaban detrás de esos hechos.
Finalmente, la seguridad es la apuesta central de este gobierno, y el Atlántico es hoy su principal escenario. En Medellín, la relación con el Gobierno Nacional ha girado alrededor de una agenda de infraestructura, competitividad y seguridad y una estrecha relación entre los mandatarios regionales y el Presidente. El Departamento Nacional de Planeación presentó un portafolio preliminar de 48 proyectos estratégicos para Antioquia, por 57,6 billones de pesos, una de las apuestas regionales más importantes dentro de la formulación del nuevo plan. Entre los compromisos expresados por el Ejecutivo figuran el respaldo a la cofinanciación del Metro de la 80, el cable aéreo de San Antonio de Prado y las obras pendientes para completar la conexión del túnel del Toyo. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, que enfrenta una creciente demanda de pasajeros.
La propuesta contempla pasar de una capacidad de 17,5 millones a 37,5 millones de viajeros anuales mediante una segunda terminal. Para el gobernador Andrés Julián Rendón, uno de los mayores desafíos es recuperar el Ferrocarril de Antioquia. El departamento cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras por hasta 1,6 billones de pesos y proyecta iniciar con un tramo de 30 kilómetros entre Bello y Barbosa, antes de avanzar hacia Puerto Berrío. El mandatario departamental también ha solicitado cambios normativos que permitan ampliar los plazos de determinadas concesiones viales para facilitar nuevas inversiones privadas.
La seguridad constituye otro capítulo de la agenda. Rendón ha pedido una ofensiva más contundente contra las rentas provenientes de la minería ilegal y los cultivos ilícitos en el Bajo Cauca, donde las autoridades departamentales advierten sobre una expansión de las economías criminales. A estas solicitudes se suma una propuesta de mayor alcance: profundizar la autonomía fiscal de las regiones mediante una reforma que les permita administrar directamente una parte sustancial de los ingresos tributarios. En el suroccidente del país, los primeros meses del Gobierno han estado atravesados por dos circunstancias: la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto y la intensificación de las operaciones de seguridad.
Tras el sismo de magnitud 7,4, que afectó gravemente a Cali y otras poblaciones, la administración del alcalde Alejandro Eder solicitó apoyo nacional para las labores de búsqueda y rescate. El Gobierno respondió con el envío de 392 rescatistas y bomberos, mientras las autoridades locales establecieron medidas extraordinarias de seguridad para proteger las zonas afectadas. Posteriormente, a través del Fondo Patria Milagro, se anunciaron subsidios de arrendamiento de 1’050.000 pesos mensuales para familias que perdieron sus viviendas. El Ejecutivo también reportó la asignación de recursos por cerca de 24.425 millones de pesos para los primeros 155 apoyos económicos de vivienda.
En seguridad, el Gobierno puso en marcha la operación Iron, dirigida contra estructuras vinculadas al homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes. La ofensiva tuvo una segunda fase el 5 de noviembre, cuando más de 2.000 policías y 250 integrantes del Ejército participaron en una intervención simultánea en Cali, Jamundí y Candelaria. De acuerdo con el balance de las autoridades, la operación Iron 2.0 dejó 101 capturas, más de 140 diligencias de allanamiento y acciones contra 11 organizaciones criminales. La gobernadora Dilian Francisca Toro también ha destacado el compromiso presidencial de activar el Batallón de Alta Montaña Coraza, en Jamundí, para reforzar el control de corredores utilizados por estructuras armadas ilegales. El Valle espera que el PND permita avanzar en el dragado del canal de acceso a Buenaventura, garantizar el suministro permanente de agua potable en ese distrito, destrabar la vía Mulaló-Loboguerrero y modernizar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
En Santander, los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella han estado marcados por el fortalecimiento de las relaciones institucionales y las expectativas de inversión en infraestructura, movilidad y seguridad. La presencia de funcionarios santandereanos en altos cargos del Ejecutivo, como Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda; Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, y Richard Caicedo, director del Icetex, ha facilitado la interlocución con el gobernador Juvenal Díaz y los alcaldes del departamento, que buscan impulsar proyectos estratégicos para recuperar la competitividad regional.
Uno de los primeros acercamientos se produjo con la visita a Bucaramanga de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien anunció que el Gobierno estudiará alternativas para recuperar el sistema de transporte masivo Metrolínea, afectado por una profunda crisis operativa y financiera. LA PRUEBA REGIONAL El Plan Nacional de Desarrollo será el instrumento que permita medir el alcance de la promesa de gobernar desde las regiones. El documento contempla un eje denominado Colombia desde las Regiones, orientado a promover macroproyectos estratégicos y mejorar la articulación entre la Nación y los gobiernos territoriales. La estrategia del DNP busca que la formulación del plan no se limite a reuniones en Bogotá.
Para ello se ha previsto una agenda de encuentros regionales, audiencias públicas y diálogos para recoger propuestas, identificar prioridades y construir acuerdos antes de la radicación del proyecto de ley ante el Congreso, prevista para el 7 de febrero de 2027.

