“En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”: ministro Ordóñez ante la JEP
El ministro se refirió al Acuerdo de Paz como “un acuerdo mal hecho, mal diseñado que nos ha llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”.
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Claves de la noticia
- El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó en una audiencia ante la JEP que la seguridad de los comparecientes es una prioridad del Gobierno por obligaciones de derechos humanos.
- Ordóñez atribuyó el deterioro de la seguridad en varias regiones a la política de paz total y calificó el acuerdo de La Habana como mal diseñado.
- Explicó que la Unidad Nacional de Protección puede asumir la seguridad de desmovilizados que la necesiten, tras un estudio que determine quiénes lo requieren.
- Anunció el fin de los esquemas de seguridad entregados sin control, y dijo que la protección solo corresponde a quienes actúen dentro de la ley.
Contexto
La Jurisdicción Especial para la Paz es el tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz con las FARC para juzgar graves crímenes del conflicto armado colombiano. Los comparecientes son personas que deben responder ante ese tribunal, y muchos de ellos, así como excombatientes y comunidades, reciben protección estatal por los riesgos que enfrentan. La seguridad de estos grupos es un asunto sensible en Colombia, donde líderes sociales y exguerrilleros han sido víctimas de amenazas y asesinatos. Por eso, las decisiones sobre esquemas de protección tienen un impacto directo en la implementación del acuerdo y en la confianza en el proceso de paz.
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Durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a la protección y seguridad de los comparecientes, asegurando que para el gobierno es una prioridad.
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“Quiero iniciar subrayando que la seguridad y protección de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del gobierno del presidente de la Espriella y del Ministerio del Interior. Así como el cumplimiento y la observancia de las órdenes judiciales. Lo es porque se trata de cumplir la obligación de garantía de los derechos humanos que se deriva de nuestro ordenamiento constitucional y del derecho internacional. Es además un imperativo ético, una obligación moral”, dijo Ordóñez en su intervención.
Seguidamente, luego de hacer un balance sobre la situación de seguridad, según varios informes de diferentes instituciones, aseguró que “la situación que ha recibido el gobierno es aún más deplorable. La política de paz total que disolvió los esfuerzos estatales por la seguridad se tradujo en el escalamiento del poder criminal en esas mismas regiones”.
“En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado que nos ha llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal. Lo cierto es que esa situación es la principal amenaza a la seguridad de los desmovilizados de las FARC”, añadió.
Recordó también que la ley establece que la Unidad Nacional de Protección puede asumir la seguridad de los desmovilizados que lo requieran. Eso, dijo, sujetándose estrictamente a los estándares señalados por la Corte Constitucional: “Los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente lo requieran y no son a perpetuidad”
“La UNP deberá hacer un estudio de seguridad que establezca quiénes sí lo requieren y se les proporcionará. Pero que quede claro, en este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas”, apuntó.
Y finalizó, respecto al mismo tema: “La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución. Desde el Ministerio, en nuestra función de articulación y en el marco de las políticas que son de nuestra competencia, vamos, señores magistrados, a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para los perpetradores de los más graves violaciones de derechos humanos e infracciones del al derecho internacional humanitario paguen por sus delitos”.
