'Es un crimen gravísimo que debe castigarse con todo el rigor de la ley': presidente De La Espriella sobre el reclutamiento de niños en Colombia
En su intervención ante magistrados en la capital vallecaucana, el jefe de Estado también abogó por rehabilitación real a los adolescentes.
Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- El presidente Abelardo De La Espriella, en Cali, durante el XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, prometió priorizar los recursos de la rama judicial pese a las dificultades fiscales.
- Analiza junto a la Corte Suprema de Justicia un mecanismo de arancel judicial para financiar la justicia, condicionado a no obstaculizar el acceso de los ciudadanos a los jueces.
- Expresó su respaldo a mantener la exención tributaria que beneficia a determinados funcionarios judiciales.
- Calificó el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales como un crimen gravísimo que debe castigarse con todo el rigor de la ley.
- Según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y septiembre de 2026 se conocieron 1.173 casos de reclutamiento forzado, con alto subregistro en zonas rurales.
Contexto
El reclutamiento de menores por grupos armados es una problemática persistente en Colombia, con alertas de organismos nacionales e internacionales. La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de velar por los derechos humanos, y Unicef es el fondo de Naciones Unidas para la infancia. Según las cifras citadas, el delito afecta de forma especial a comunidades indígenas y afrodescendientes y se concentra en el suroccidente del país, particularmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Las declaraciones del mandatario se dieron en un encuentro judicial que abordó también la congestión de los despachos, la seguridad de los jueces y el uso de la inteligencia artificial en la justicia. La información procede de El Tiempo, medio colombiano, cuya corresponsal en Cali firma la crónica original.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

En el marco de su visita a Cali para participar en el XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, el 19 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella presentó ante magistrados y autoridades judiciales los principales compromisos y preocupaciones de su Gobierno frente a la administración de justicia, centrados en la financiación de la rama judicial, la descongestión de los despachos, la seguridad de los jueces y la independencia de los fallos. Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación financiera de la justicia. Pese a advertir sobre las dificultades fiscales del país, el jefe de Estado aseguró que los recursos para los tribunales serán prioritarios y confirmó que ya analiza alternativas junto a la Corte Suprema de Justicia.
"Ustedes saben que he recibido un país quebrado, pero haré todo lo que haya que hacer para que a la Rama Judicial nunca le falte el presupuesto. El Gobierno puede dejar de tener presupuesto, pero los jueces nunca, porque son el alma de la patria", afirmó. En esa línea, detalló dos propuestas examinadas en sus diálogos con el alto tribunal: "En mis conversaciones con la Corte Suprema de Justicia hemos examinado dos iniciativas. La primera es estudiar un mecanismo de arancel judicial que contribuya a financiar la administración de justicia. Estoy dispuesto a estudiar esa propuesta y a sacarla adelante, siempre que no se convierta en un obstáculo para quienes necesitan acudir ante los jueces, ante los tribunales".
Sobre el segundo punto, manifestó su respaldo a los beneficios fiscales vigentes para los servidores de la rama: "El segundo asunto es la exención tributaria que beneficia a determinados funcionarios judiciales. He pedido que se mantenga porque considero importante proteger sus condiciones económicas", agregó, señalando que continuará trabajando con la Fiscalía, los órganos de control y las altas cortes para encontrar "en medio de tanta adversidad económica las soluciones más adecuadas". El mandatario también expresó su preocupación por la congestión judicial y el impacto que los retrasos tienen sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Hay otro asunto que me preocupa especialmente y al que quisiera dedicar unas palabras: la demora en la administración de justicia. Son demasiados los compatriotas que pasan años esperando una decisión sobre su pensión, una reclamación de alimentos, un conflicto laboral. Una sentencia que llega después de muchos años puede perder parte de su utilidad. Los ciudadanos necesitan que sus derechos sean reconocidos y protegidos oportunamente", sostuvo. Asimismo, reconoció la sobrecarga laboral y la falta de personal, instalaciones y tecnología en numerosos despachos, haciendo una mención especial a los operadores judiciales en regiones complejas: "Me siento en el deber de reconocer especialmente a los jueces que trabajan en municipios apartados, muchas veces con pocos recursos y en algunos casos bajo amenazas de organizaciones criminales.
La independencia judicial exige que los jueces puedan trabajar con seguridad y con los medios necesarios. Mi Gobierno contribuirá a garantizar esas condiciones, respetando plenamente la autonomía de la rama judicial". Al referirse a la agenda temática del encuentro —que aborda asuntos de familia, relaciones laborales, derechos de los niños, libertad de expresión y nuevas tecnologías—, el presidente dedicó un apartado especial a la vinculación de menores de edad a estructuras armadas ilegales. "Quiero detenerme en una tragedia que ha golpeado nuestra patria durante décadas: el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos narcoterroristas.
Es un crimen gravísimo que debe castigarse con todo el rigor de la ley. Los responsables de reclutar y utilizar menores deben responder ante la justicia y las víctimas necesitan protección y oportunidades reales para rehacer sus vidas", enfatizó. De igual forma, se refirió al tratamiento de los menores infractores: "También debemos ocuparnos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley. El sistema debe exigirles que respondan por sus actos, pero también ofrecerles posibilidades reales de rehabilitación". Límites a la inteligencia artificial y frente a las redes sociales Frente a la modernización tecnológica de los despachos, De la Espriella respaldó las herramientas digitales como apoyo operativo, pero descartó que puedan sustituir el criterio humano al dictar sentencia.
"La inteligencia artificial puede ayudar a organizar expedientes, consultar información y agilizar trámites, pero no puede sustituir a los jueces en la valoración de las pruebas ni la adopción de sus decisiones. A los jueces no los reemplaza ninguna inteligencia artificial; ninguna máquina tiene el alma de los jueces de Colombia", declaró. Finalmente, advirtió sobre el impacto de las campañas digitales en el desarrollo de los procesos judiciales. Si bien defendió el derecho al escrutinio público, rechazó cualquier intento de intimidación mediática sobre los fallos. "También me preocupan las presiones que pueden ejercer las redes sociales sobre los procesos judiciales.
Muchas veces se ataca o se elogia una providencia sin conocer siquiera sus fundamentos. Defiendo plenamente la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a criticar todo, incluyendo las decisiones judiciales. Los jueces, como las demás autoridades, están sometidos al escrutinio público, pero la crítica no puede convertirse en una forma de presión para imponer el sentido de una sentencia. Los jueces deben decidir conforme a las pruebas y a la ley, no a las campañas de desprestigio que se promueven en las redes sociales", concluyó. Las declaraciones del mandatario se producen en medio de las alertas encendidas por organismos nacionales e internacionales sobre la persistencia de este delito en el país.
De acuerdo con los registros de la Defensoría del Pueblo, desde 2024 hasta septiembre de 2026 la entidad ha conocido 1.173 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, advirtiendo además sobre un alto nivel de subregistro en las zonas rurales. En esa misma línea, Unicef Colombia alertó que este flagelo se cuadruplicó en un periodo de cinco años en el territorio nacional, afectando incluso a menores de entre 10 y 11 años, con especial impacto sobre comunidades indígenas y afrodescendientes. El suroccidente colombiano se mantiene como uno de los principales epicentros de esta problemática.
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, Cauca y Nariño figuran de manera recurrente entre los departamentos con mayor número de menores reclutados en el país —concentrando gran parte de los casos registrados durante 2025 y lo corrido de 2026—, mientras que el Valle del Cauca continúa identificado por las autoridades como una de las regiones críticas de captación y tránsito de estructuras armadas ilegales. Adicionalmente, el informe RED-clutamiento 2.0 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el 67 % de las cuentas en redes sociales utilizadas por grupos armados para atraer jóvenes mediante falsas promesas operan precisamente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde el 44 % de las captaciones recientes se han gestado a través de entornos digitales.
CAROLINA BOHÓRQUEZ Corresponsal de EL TIEMPO Cali
