Grúas, reclamos y enfrentamientos: fuerte pulso entre autoridades y comerciantes por el espacio público en Santa Marta

Los operativos para recuperar el espacio público y poner orden en las calles de Santa Marta han abierto un fuerte pulso en los barrios. Con grúas, acompañamiento policial e inspecciones a establecimientos, las autoridades están retirando vehículos, mesas, sillas y otros elementos que ocupan andenes, vías y zonas verdes. Pero las intervenciones también han terminado en enfrentamientos con comerciantes y motociclistas que denuncian presuntos abusos y aseguran que las medidas afectan su sustento. En distintos sectores de la ciudad, funcionarios han ordenado despejar espacios comunes, por lo que propietarios que se oponen a las inmovilizaciones y han dado paso a discusiones que han escalado a empujones, agresiones y lanzamiento de sillas.

La Alcaldía sostiene que los controles responden a denuncias reiteradas de residentes que reclaman poder caminar por los andenes, transitar sin obstáculos y utilizar espacios que han sido convertidos en extensiones de sus negocios. Los resultados oficiales muestran la dimensión del problema: más de 30 motocicletas inmovilizadas en una intervención en los alrededores de la Universidad del Magdalena; diez vehículos abandonados retirados durante otro recorrido por siete sectores, y dos talleres mecánicos con actividades suspendidas temporalmente. Mientras los afectados reclaman garantías para trabajar y cuestionan los procedimientos, el Distrito anuncia que las jornadas continuarán.

Una de las intervenciones más recientes se desarrolló en El Líbano durante la noche del viernes. Hasta allí llegaron funcionarios de Gobierno, Movilidad, Salud y del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), acompañados por la Policía Metropolitana. Según el Distrito, la jornada respondió a denuncias de habitantes por negocios que habían extendido sus actividades hacia el andén e incluso se tomaron abusivamente las zonas verdes y por vehículos estacionados en lugares que dificultaban la circulación. Los funcionarios solicitaron documentos a los establecimientos y adelantaron el retiro de sillas, mesas y otros elementos que ocupaban el espacio público.

También hubo inmovilizaciones de motocicletas por estacionamiento irregular, de acuerdo con la información oficial. Entre las personas que protestaron estaba una comerciante a quien le ordenaron retirar la cocina, las sillas y las mesas que había instalado sobre una zona verde. “Nosotros estamos trabajando, no estamos robando. Hay mucho desempleo y necesitamos de alguna manera generar sustento”, manifestó. Su reclamo expone uno de los puntos más sensibles de las intervenciones: el de quienes dependen de una actividad comercial que se extiende sobre espacios destinados al uso colectivo. Del otro lado están los residentes que piden recuperar esas áreas y cuestionan que su ocupación se haya vuelto parte del paisaje cotidiano.

Frente a las reacciones de molestia, la secretaria de Gobierno, Luz Alejandra Duarte Rivas, sostuvo que la inconformidad no detendrá los controles. “No me voy a dejar intimidar por señalamientos infundados cuando tenemos la tranquilidad que estamos actuando conforme a la ley. Y estos operativos necesarios pedidos por la comunidad los vamos a seguir haciendo”, afirmó. La funcionaria comparó las reacciones a los procedimientos con las que produce una corrección en el hogar. “Estas acciones son como cuando nos regaña la mamá porque hicimos algo mal y no nos gusta. Pero es lo correcto. Así es y lo vamos a seguir haciendo porque el cumplimiento de la ley y las normas no se pueden discutir”, expresó.

Duarte asegura que también hay ciudadanos que agradecen las medidas. Ese respaldo, según su apreciación, representa el sentir mayoritario de la comunidad. En los alrededores de la Universidad del Magdalena, otra intervención mostró hasta dónde ha escalado la tensión. Cuando una grúa se disponía a retirar una motocicleta estacionada en un sitio prohibido, su propietario se subió a la plataforma para impedir el traslado. El procedimiento terminó en un enfrentamiento entre motociclistas y uniformados, con empujones, agresiones y lanzamiento de sillas. Según el balance divulgado por la Secretaría de Movilidad, la jornada dejó cerca de 30 motocicletas inmovilizadas y un establecimiento comercial cerrado.

La dependencia explicó que los controles respondieron a quejas de residentes del sector y de Villa Media. Los vecinos reportaron que, durante los fines de semana, las motocicletas de clientes ocupan andenes y parte de la vía, dificultando el paso de peatones y conductores. También denunciaron consumo de sustancias psicoactivas en parques comunitarios. Durante las inspecciones a los establecimientos, de acuerdo con el reporte oficial, las autoridades encontraron menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los locales y ordenaron su cierre inmediato. Los controles también han encontrado ocupaciones que, según las autoridades, permanecieron durante años.

En una jornada que abarcó El Mayor, Urbanización Privilegios, La Ciudadela, Villas de Alejandría, La Concepción, El Parque y el Centro Histórico, fueron inmovilizados diez vehículos abandonados y suspendidas temporalmente las actividades de dos talleres mecánicos. La secretaria de Movilidad, Sarita Vives, señaló que algunos automotores llevaban uno, cuatro y ocho años en las calles. Otros, aseguró, superaban una década. El balance revela la duración de un problema que los residentes habían denunciado: espacios comunes convertidos en lugares de almacenamiento o extensiones de actividades particulares.

“Son espacios que hemos recuperado para el goce y disfrute de todas las ciudadanías”, manifestó Vives. Los dos talleres fueron suspendidos temporalmente por irregularidades en su documentación, según el informe institucional. En el recorrido participaron las secretarías de Movilidad, Seguridad y Gobierno, junto con la Policía Metropolitana. Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv