JEP imputa a 11 exmiembros de la Fuerza Pública por 32 masacres y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1999 y 2001 en Montes de María

En un fallo que desnuda las entrañas más oscuras del conflicto armado en los Montes de María, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el pasado miércoles una nueva decisión dentro del Caso 08 (subcaso Montes de María y municipios cercanos), determinando que antiguos oficiales y mandos de la Armada Nacional y de la Policía Nacional actuaron como máximos responsables por su participación directa en 32 masacres y un rosario de crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1999 y 2001 en esta subregión del Caribe colombiano. La investigación del alto tribunal concluyó que estos graves hechos no constituyeron episodios aislados, sino que respondieron a un alineamiento estratégico, sistemático y criminal entre ciertos sectores de la fuerza pública, estructuras paramilitares y actores políticos y económicos de la región.

El objetivo macabro: estigmatizar al campesinado bajo el señalamiento infundado de colaborar con las guerrillas, provocando terror colectivo y desplazamientos masivos en esta subregión del Caribe. La JEP estableció que, para configurar este aparato de poder criminal, no fue necesaria la existencia de una estructura jerárquica única o un mando vertical común. El engranaje operó mediante pactos tácitos y explícitos, distribución de funciones, intercambio recíproco de información de inteligencia, facilitación de corredores de movilidad, omisiones deliberadas y una tolerancia operacional orientada a favorecer, ejecutar, sostener u ocultar las incursiones paramilitares.

El impacto sobre el tejido social fue devastador. La estigmatización sistemática convirtió las formas de organización comunitaria, los vínculos familiares y los liderazgos campesinos en criterios de sospecha y selección de víctimas.  La violencia desatada abarcó homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, falsos señalamientos, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas, y despojos territoriales que destruyeron las condiciones materiales y culturales de existencia en los Montes de María y la zona del Canal del Dique. En total, dentro del macro caso se acreditaron 1.219 víctimas (1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios étnicos y una mesa de participación de víctimas).

Asimismo, los magistrados documentaron afectaciones diferenciales severas, identificando 31 víctimas de violencia basada en género y 21 casos adicionales de agresiones contra niñas y mujeres. Para profundizar en las dinámicas operativas de esta alianza criminal, la Sala examinó cuatro hechos emblemáticos que dejaron una estela de muerte y convirtieron poblados enteros en auténticos fantasmas: El Uvital y Campo Alegre (16 y 17 de agosto de 1999): Una incursión que dejó 13 personas asesinadas, una más desaparecida y graves episodios de violencia sexual y basada en género. El Salado, Flor del Monte, Tiquisio, Canutalito y La Sierra (febrero de 2000): La dolorosa masacre de El Salado y su área de influencia, que dejó 62 víctimas mortales, además de torturas, tratos degradantes, desplazamientos masivos y violencia sexual.

El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Coralito, La Cañada, Verruguita y Mampuján (9 al 17 de octubre de 2000): Incursiones paramilitares sistemáticas acompañadas de homicidios selectivos y el terror generalizado que obligó al éxodo de comunidades enteras. Chengue (enero de 2001): Una brutal incursión en la que 28 personas fueron masacradas mediante torturas, saña desmedida e intimidaciones colectivas, incluyendo la quema de viviendas. Todo ello pese a que la comunidad había advertido de manera reiterada y documentada a las autoridades civiles y militares sobre el inminente riesgo de ataque de los paramilitares.

Tras evaluar las posiciones de mando, competencias, deberes institucionales y el conocimiento de los riesgos en los territorios, la JEP atribuyó responsabilidad individual a 11 antiguos integrantes de la fuerza pública (nueve de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional): Por la Armada Nacional: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Hama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Ocoró Mantilla, Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes y Bautista Cárcamo Gale y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Por la Policía Nacional: Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.

Adicionalmente, mediante la resolución 01 del 30 de septiembre de 2026, la Sala dispuso la remisión temprana de la incursión paramilitar en Mampuján a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para judicializar a aquellos comparecientes que no reconozcan verdad ni responsabilidad. Como parte imperativa de la decisión, la JEP ordenó la creación de dos mesas técnicas de articulación interinstitucional: Una mesa con la Unidad para la Víctimas (ARIV) y bajo la secretaría técnica de la Defensoría del Pueblo, enfocada en revisar y agilizar los procesos de reparación administrativa para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y basada en género.

Una mesa con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para coordinar labores de localización, identificación, toma de muestras genéticas y entrega digna de los cuerpos, garantizando la participación activa de organizaciones de derechos humanos y mujeres buscadoras de la región. Cartagena