Juzgado declara improcedente tutela que buscaba frenar la licitación para el alumbrado navideño y de año nuevo de Cartagena
Pese a las alertas por el Fenómeno del Niño, el Distrito tiene abierta la licitacion por cerca de 20.000 millones de pesos para los alumbrados.
Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- El Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cartagena declaró improcedente la tutela de la Corporación ECA ONG contra la Secretaría General del Distrito, que buscaba frenar la Licitación Pública LP-SEGD-001-2026 del alumbrado navideño.
- El juzgado concluyó que la tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad, porque los actos previos a un contrato estatal deben discutirse ante la jurisdicción contencioso administrativa.
- La licitación, por cerca de 20.000 millones de pesos, sigue su curso y la empresa ganadora se conocerá en los próximos días, según el artículo.
- ECA ONG cuestionó un presunto "pliego sastre", las reglas de experiencia, los puntajes de planes de seguridad y salud en el trabajo y la exigencia de un sitio adicional.
- La Alcaldía y Colombia Compra Eficiente pidieron desestimar el amparo; el juez aclaró que su fallo no prejuzga la legalidad del pliego definitivo.
Contexto
La acción de tutela es un mecanismo judicial previsto en Colombia para proteger derechos fundamentales de forma rápida, pero solo procede cuando no existe otra vía judicial adecuada. La decisión importa porque establece que las disputas sobre pliegos y requisitos de una licitación pública deben tramitarse, en principio, ante la jurisdicción contencioso administrativa y no por tutela. El proceso busca contratar el alumbrado navideño y de fin de año en Cartagena de Indias, en un contexto de alertas por el Fenómeno del Niño que menciona el artículo. El caso no queda cerrado, pues el fallo no decide sobre la legalidad del pliego ni sobre las respuestas del Distrito.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

El proceso contractual para encender la Navidad de 2026 en Cartagena de Indias superó un escollo judicial clave. El Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela promovida por la Corporación ECA ONG contra la Secretaría General del Distrito, con la cual se pretendía suspender y modificar la Licitación Pública LP-SEGD-001-2026, destinada a contratar la prestación de los servicios del alumbrado navideño de este año. Con la decisión adoptada este viernes 20 de noviembre, la justicia constitucional descartó que el mecanismo de amparo sea la vía adecuada para dirimir controversias técnicas y jurídicas propias de la etapa precontractual, dejando en firme la continuidad del trámite administrativo adelantado por la Alcaldía. Pese a las alertas por el Fenómeno del Niño, el Distrito tiene abierta la licitacion por cerca de 20.000 millones de pesos para los alumbrados, la empresa ganadora se deberá conocer en los próximos días. La controversia judicial nació por iniciativa de la Corporación ECA ONG, representada por el apoderado Gustavo Rodríguez Rojas, quien alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia, además de los principios de transparencia y selección objetiva.
Según el accionante, los requisitos habilitantes y factores de ponderación fijados por el Distrito configuraban un presunto "pliego sastre" que restringía injustificadamente la participación de oferentes. En su demanda, cuestionó tres puntos centrales: La falta de acogida de la mayoría en observaciones al pliego definitivo, así como las reglas aplicadas para valorar la experiencia cuando un proponente omite subsanar el formato correspondiente. También señlala los criterios de puntuación asignados a planes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y la exigencia de un sitio adicional. Bajo estos argumentos, la corporación había solicitado frenar el cronograma contractual antes del cierre y apertura de ofertas previsto para el 12 de noviembre de 2026, petición cautelar que ya había sido negada inicialmente por el despacho al no hallar acreditados criterios de urgencia, necesidad y proporcionalidad.
Durante el trámite de la tutela, a la que fueron vinculados oferentes, terceros con interés legítimo y la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), tanto la administración distrital como el ente nacional pidieron desestimar el amparo: La Alcaldía de Cartagena sostuvo que los documentos del proceso se publicaron en el SECOP II el 4 de noviembre de 2026 y que todas las observaciones recibieron respuestas motivadas, aclarando que la entidad no está obligada a aceptar cada reparo presentado por los interesados. Subrayó además que no existía un perjuicio irremediable que justificara saltar a la jurisdicción ordinaria.
Colombia Compra Eficiente radicó un informe el 12 de noviembre, donde precisó que su rol como ente rector de la contratación pública y administrador de la plataforma SECOP II no le otorga facultades para redactar pliegos, fijar requisitos, evaluar propuestas ni adjudicar contratos de las entidades territoriales, responsabilidad que recae exclusivamente en el Distrito. Al analizar de fondo la procedencia de la acción constitucional, el Juzgado Quinto Laboral Municipal concluyó que la tutela incumplía el requisito de subsidiariedad. El despacho recordó que los actos previos a la celebración de un contrato estatal cuentan con mecanismos idóneos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente mediante los medios de control de nulidad (artículo 137) o de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138), en concordancia con el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
El juez precisó que la cercanía del cierre de ofertas del 12 de noviembre no bastaba por sí sola para demostrar un perjuicio irremediable cierto, grave e inminente, ni volvía ineficaces las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez administrativo. El fallo dejó claro que su decisión no prejuzga sobre la legalidad del pliego definitivo ni sobre el contenido de las respuestas dadas por el Distrito, advirtiendo que el examen técnico sobre reglas de subsanación, puntajes y publicación en el SECOP II corresponde estrictamente al juez contencioso administrativo en caso de que el accionante decida acudir a esa jurisdicción.
Cartagena
