No son 76 feminicidios, pero tampoco se sabe cuántos podrían serlo: esta es la zona gris que hay detrás de los homicidios de mujeres en Atlántico
En este territorio, solo cuatro casos han sido tipificados como feminicidio, mientras cerca del 70% de las investigaciones continúan bajo revisión.
Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- En 2026 han sido asesinadas 76 mujeres en el Atlántico, cifra que ya supera el total registrado en 2025.
- La Fiscalía ha tipificado cuatro de esos homicidios como feminicidio, mientras decenas de investigaciones siguen abiertas.
- La investigadora Alejandra Moreno Astwood advierte que los 76 casos no equivalen a 76 feminicidios, pues esa clasificación corresponde solo a la Fiscalía.
- Según la investigadora, cerca del 70 % de los casos siguen abiertos, y las instituciones no comparten una base de datos unificada.
- Durante un Consejo de Seguridad con Enfoque de Género se propuso revisar caso por caso y crear un Observatorio de Violencia contra la Mujer.
Contexto
El número de mujeres asesinadas en el Atlántico preocupa a autoridades y organizaciones sociales porque la cifra de homicidios no permite saber cuántos fueron crímenes motivados por la violencia de género. El feminicidio es un delito que se reconoce jurídicamente tras una investigación, por lo que mientras los expedientes sigan abiertos la cifra oficial puede cambiar. Cada entidad, como la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal, lleva registros distintos, lo que dificulta conocer la dimensión real del fenómeno y diseñar estrategias de prevención. El debate también se centra en el acceso de las víctimas a la atención, pues la reorganización de servicios puede obligar a las mujeres a recorrer varias sedes para completar sus denuncias.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

Hasta la fecha, 76 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026, superando incluso el total registrado en 2025. Sin embargo, pese a la gravedad de ese panorama, las autoridades y las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres todavía no pueden responder una pregunta fundamental: cuántas de esas víctimas fueron asesinadas por razones asociadas a la violencia de género. Hoy por hoy, la incertidumbre no radica en el número de homicidios, sino en la dificultad para establecer qué ocurrió detrás de cada caso. Mientras cuatro asesinatos han sido tipificados formalmente como feminicidio por la Fiscalía, decenas de investigaciones continúan abiertas y bajo análisis, en un escenario donde las estadísticas no coinciden entre instituciones, los expedientes siguen sin cerrarse y los protocolos de investigación con enfoque de género están bajo revisión.
EL TIEMPO entrevistó a la investigadora de género Alejandra Moreno Astwood, quien insiste en una precisión que considera esencial: los 76 casos no corresponden a 76 feminicidios. "No podemos afirmar eso porque jurídicamente no es cierto", sostiene. La tipificación de un feminicidio corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y depende del avance de cada investigación. Hasta el momento, en el Atlántico sólo cuatro casos han sido clasificados bajo ese delito. Sin embargo, la discusión no termina ahí. Según explica Moreno, genera especial preocupación que una gran parte de los homicidios de mujeres registrados este año continúen bajo investigación y sin una conclusión definitiva sobre sus móviles.
De acuerdo con lo expuesto por la investigadora en diálogo con EL TIEMPO, cerca del 70 % de los casos siguen abiertos. Eso significa que la mayoría de las muertes violentas de mujeres registradas durante 2026 aún no han sido esclarecidas completamente y eso es una zona gris. Durante una reunión con autoridades al respecto de la escalada de homicidios con víctimas femeninas, uno de los planteamientos más insistentes estuvo relacionado con la necesidad de revisar caso por caso los homicidios de mujeres ocurridos este año. Para algunos sectores, el hecho de que una víctima tenga antecedentes judiciales o algún tipo de vínculo con economías ilegales no debería excluir automáticamente la posibilidad de que detrás del crimen exista un componente de violencia de género.
Moreno sostiene que en muchos escenarios la hipótesis de ajuste de cuentas suele imponerse desde el comienzo, especialmente cuando las víctimas aparecen relacionadas con contextos de microtráfico, economías criminales o estructuras delincuenciales. Sin embargo, recuerda que la Circular 004 de la Fiscalía establece que toda muerte violenta de una mujer debe iniciar su proceso investigativo bajo un enfoque de género, independientemente de los antecedentes que pueda tener la víctima. La preocupación radica en que algunos casos podrían estarse clasificando de manera prematura sin agotarse todas las líneas de investigación.
Por esa razón, uno de los compromisos anunciados durante el Consejo fue la revisión individual de los expedientes para determinar en qué estado se encuentran, cuáles presentan avances sustanciales y si los protocolos diferenciales están siendo aplicados. Otro de los puntos que quedó al descubierto durante la reunión fue la ausencia de una base de datos unificada sobre violencia contra las mujeres en el Atlántico. Actualmente, cada entidad maneja sus propios registros. La Policía cuenta con una estadística, la Fiscalía dispone de otra, Medicina Legal consolida información distinta, las organizaciones de mujeres elaboran sus propios seguimientos y las dependencias territoriales encargadas del tema también tienen reportes independientes.
El resultado es una fragmentación que dificulta conocer con precisión la dimensión real del fenómeno. Incluso para los periodistas que hacen seguimiento permanente a este tipo de hechos, la tarea resulta compleja. En muchos casos, las cifras difieren dependiendo de la fuente consultada. Durante una conversación con EL TIEMPO, Moreno sostuvo que la falta de articulación estadística entre Policía, Fiscalía, Medicina Legal y otras entidades termina afectando la construcción de estrategias de prevención. Por esa razón, una de las principales conclusiones del Consejo fue impulsar la creación de un Observatorio de Violencia contra la Mujer que permita integrar la información de todas las instituciones y construir una sola radiografía del problema.
La apuesta es que ese observatorio permita identificar patrones, concentraciones geográficas de riesgo y tendencias que actualmente permanecen dispersas entre diferentes bases de datos. Sí, y además queda mucho más creíble porque aterriza algo que cualquier lector entiende: no estamos hablando de fallas abstractas del sistema, sino de una mujer que debe atravesar media ciudad para completar un trámite. Las alertas también alcanzan a los mecanismos de atención para las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Uno de los asuntos que Moreno llevó ante las autoridades durante el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género fue la necesidad de fortalecer nuevamente la articulación entre la Fiscalía y Medicina Legal, un cambio que, según explicó a EL TIEMPO, ha terminado complicando el acceso de muchas víctimas al sistema.
La investigadora recordó que anteriormente una mujer que llegaba a denunciar un caso podía realizar buena parte del proceso en un mismo lugar. Tras acercarse a la sede de la Fiscalía, sobre la calle 41, no solo presentaba la denuncia ante el fiscal, sino que también podía acceder allí mismo a la valoración requerida por Medicina Legal para continuar con el trámite. Sin embargo, esa dinámica cambió tras modificaciones internas y recortes de personal. Según expuso Moreno durante el encuentro, la oficina de Medicina Legal dejó de operar, obligando a las víctimas a recorrer varias dependencias para completar el procedimiento.
"Una mujer puede ir primero a una Comisaría de Familia o a la Fiscalía, pero después debe desplazarse hasta la sede de Medicina Legal en el sector de Los Andes para la valoración forense que necesita el fiscal", explicó la investigadora durante una conversación con EL TIEMPO. Aunque sobre el papel el procedimiento sigue existiendo, el problema aparece cuando se aterriza a la realidad social de muchas víctimas. Según Moreno, numerosas mujeres llegan a denunciar sin recursos económicos suficientes para cubrir múltiples desplazamientos por la ciudad, una situación que termina convirtiéndose en una barrera dentro de la ruta de atención.
En medio del debate, hay un consenso que une a autoridades, organizaciones sociales y expertos: ninguna de las 76 muertes puede reducirse a una estadística, pero mientras las cifras continúan creciendo, la discusión por el fenómeno es otra. Si decenas de expedientes siguen abiertos, las cifras no coinciden entre las instituciones y los casos continúan siendo revisados, ¿cuántas de las mujeres asesinadas este año en el Atlántico terminarán siendo reconocidas oficialmente como víctimas de feminicidio? Por ahora, nadie tiene una respuesta definitiva.