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Colombia

Toques de queda, 'manuales de conducta' y extorsión: el drama en seis pueblos del Oriente antioqueño por la guerra entre grupos armados ilegales

La Defensoría del Pueblo emitió 31 recomendaciones urgentes para proteger a campesinos, jóvenes y líderes sociales de La Unión, Sonsón y Abejorral.

Por David Alejandro Mercadoen El Tiempo Colombia3 min de lectura

Noticia publicada originalmente por El Tiempo Colombia en eltiempo.com (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.

Claves de la noticia

  • La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 de 2026 por la crisis humanitaria en seis municipios del Oriente antioqueño: La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño.
  • La disputa enfrenta al Frente Gener Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, con el grupo El Mesa, que busca expandirse hacia zonas rurales de la subregión.
  • Ambos grupos cobran extorsiones sobre la producción agropecuaria, controlan el microtráfico, dominan la minería ilícita de oro y restringen la movilidad de pobladores y visitantes.
  • Los actores armados presionan a las Juntas de Acción Comunal, amenazan a docentes y servidores públicos, y exponen a niños, jóvenes y mujeres a reclutamiento, trata y otras violencias.
  • La Defensoría formuló 31 recomendaciones a ministerios, fuerza pública, Fiscalía, UNP, autoridades departamentales y municipales, y pidió activar de inmediato la Ciprat.

Contexto

El Oriente antioqueño es una subregión montañosa del departamento de Antioquia que funciona como corredor entre el Valle de Aburrá, el Magdalena Medio y el centro del país, lo que la hace estratégica para el movimiento de personas, mercancías y actividades ilegales. Las alertas tempranas son documentos con los que la Defensoría del Pueblo advierte al Estado sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos en un territorio determinado, para que las autoridades actúen antes de que los hechos empeoren. La Ciprat, mencionada en el llamado, es la instancia intersectorial encargada de dar respuesta rápida a esas advertencias. Situaciones como esta afectan la vida cotidiana de comunidades rurales que dependen de la agricultura, la minería tradicional y el comercio local, y muestran cómo la presencia estatal limitada puede dejar espacio al control de grupos armados.

Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por El Tiempo Colombia. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.

Toques de queda, 'manuales de conducta' y extorsión: el drama en seis pueblos del Oriente antioqueño por la guerra entre grupos armados ilegales
Imagen: El Tiempo Colombia

La tranquilidad de las montañas del Oriente antioqueño está actualmente bajo la sombra de los fusiles y las amenazas. En seis municipios de esta subregión —La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño—, la seguridad de miles de campesinos está en riesgo por cuenta de una violenta disputa territorial que los obliga a vivir bajo "manuales de conducta" impuestos a la fuerza, retenes ilegales en las vías veredales y el temor constante a una red de informantes que vigila cada uno de sus movimientos. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo tras emitir la Alerta Temprana 028 de 2026, un documento que expone la grave crisis humanitaria que se gesta en este corredor estratégico.

El origen de la confrontación radica en el choque frontal entre el Frente Gener Morales, perteneciente al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), y el grupo de crimen organizado El Mesa. Esta última estructura, originaria del municipio de Bello y articulada con el Cuerpo Colegiado de la Oficina, comenzó una agresiva expansión hacia las zonas rurales del Oriente para arrebatar el dominio de las rutas de movilidad y las rentas ilícitas. El interés criminal sobre este territorio no es casualidad. Por su ubicación geográfica privilegiada, el Oriente antioqueño funciona como una bisagra económica y logística que conecta al Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país.

Controlar estas montañas permite a los grupos armados mover tropas, traficar estupefacientes y erigirse como autoridades de facto en zonas donde la presencia estatal resulta limitada. En la práctica, esta "gobernanza armada" se traduce en una asfixia económica y social para los habitantes. Ambas estructuras cobran extorsiones sistemáticas —disfrazadas de supuestos impuestos— sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, acaparan el microtráfico local y dominan la explotación ilícita de oro y yacimientos de veta en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma. A esto se suman los empadronamientos forzados y las restricciones de movilidad tanto para pobladores como para visitantes.

El impacto de esta guerra silenciosa golpeó directamente el tejido comunitario. La Defensoría alertó sobre la preocupante injerencia de los actores armados en las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyos dignatarios sufren intimidaciones directas para manipular la elección de sus directivas y someter las decisiones vecinales. De igual forma, docentes y servidores públicos han sido amenazados, lo que paraliza la oferta institucional en las veredas más apartadas. Los sectores más vulnerables llevan la peor parte de esta escalada. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan un riesgo extremo de reclutamiento forzado, engaños mediante falsas ofertas laborales, instrumentalización para el microtráfico y deserción escolar.

Asimismo, las mujeres rurales están expuestas a violencias basadas en género y trata de personas, mientras que la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) padece regulaciones represivas sobre su forma de vivir y expresarse. Mineros tradicionales, comerciantes y transportadores completan la lista de afectados. Para frenar esta crisis antes de que derive en tragedias mayores, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones estratégicas dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia y las seis alcaldías involucradas.

El llamado de la entidad apunta a activar de inmediato la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). Entre las prioridades exigidas figuran el despliegue de la fuerza pública con enfoque de derechos humanos, la persecución efectiva de las finanzas criminales, la formalización de la minería tradicional, el blindaje a los líderes sociales y, por encima de todo, medidas urgentes para evitar que los menores de edad sigan siendo el botín de guerra en el Oriente antioqueño.