Vías sin plata, radares apagados y puertos congestionados: el Gobierno hereda $51 billones en vigencias futuras

Contexto

Las asociaciones público-privadas (APP) son contratos en los que el Estado encarga a empresas privadas la construcción, operación o mantenimiento de obras de infraestructura, como carreteras, aeropuertos o puertos, a cambio de pagos definidos en el contrato. Las adiciones son ampliaciones de esos contratos, por ejemplo para añadir obras o extender plazos, y su límite está regulado por la ley. Modificar ese porcentaje afecta cuánto puede crecer un proyecto sin una nueva licitación, lo que influye en el costo final para el Estado. El debate se enmarca en el estado de la infraestructura colombiana, que enfrenta retos en vías, transporte aéreo y terrestre, y en compromisos financieros heredados de administraciones anteriores. El resumen se basa en la nota original de Portafolio, que amplía los detalles.