En las oficinas de la Municipalidad de San Lorenzo se respira nerviosismo e intranquilidad por estos días. La investigación al juez Federal Marcelo Bailaque por vínculos con el narcotráfico puede hacer que estalle un escándalo que, hasta ahora, el intendente Leonardo Raimundo pudo tapar durante años: la acusación en su contra por encubrir y garantizar trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de San Lorenzo, donde lo conocen como el caso de la Mamu.
Según publicó Página 12 el 3 de octubre de 2018, “La investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y también de venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización.”
Sexo, drogas y complicidades
De acuerdo con Clarín, en su artículo del 29 de septiembre de 2018, “en el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad” y se detalla que en la banda participaban “Pablo Peralta (oficial de Policía)” y “Sebastián Leguiza (de la Guardia de Infantería de Santa Fe)”.
La banda de la “Mamu”: un intendente y varios policías involucrados en una causa de drogas y explotación sexual
Los fiscales federales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas consideraron probada la participación de Raimundo como encubridor. Según Página 12, en el expediente afirmaron: “Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos- julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”.
La evidencia contra Raimundo era abrumadora, según los fiscales. Según publicó Clarín, víctimas declararon haberlo visto en varias ocasiones en el lugar donde eran explotadas y una de ellas declaró que “Raimundo comenzó a llamarla por teléfono a través de un número privado; explicó que supo que había conseguido su teléfono luego de pedírselo a Soto, que Raimundo le decía que la esperaba a las 9 de la mañana en su casa en la calle Buenos Aires y los mismos taxistas la llevaban y la iban a buscar; y que Miriam le decía que ella tenía que ir a esos encuentros, porque era eso lo que sostenía nuestro trabajo”.
Sin embargo, el juez Bailaque, aunque avanzó parcialmente contra otros apuntados en la causa, nunca lo hizo contra Raimundo. Ahora que el propio juez está siendo investigado (fue imputado recientemente por vínculos con el narcotráfico), en el entorno de Raimundo temen que el escándalo tome dimensiones públicas y complique sus intenciones electorales.
