23 años después del asesinato de ‘Tito’ Díaz, exalcalde de El Roble (Sucre), las amenazas no cesan y no todos los culpables están detenidos

Han pasado 23 años del asesinato de Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado, ocurrido tras haberse desempeñado como alcalde del municipio de El Roble, en la región Sabanas de Sucre, y las amenazas contra su familia continúan, al tiempo que no todos los presuntos responsables se encuentran tras las rejas. Por el momento, solamente el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus ha sido condenado por este hecho a 40 años de cárcel; sin embargo, recuperó su libertad provisional gracias a que fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde habría contado lo sucedido con relación al caso. La segunda persona condenada es Dina Luz Martínez, exdirectora de la cárcel La Vega de Sincelejo, quien habría permitido la salida de prisión de los presuntos responsables de darle muerte.

Varias de esas personas también fueron condenadas posteriormente. Quien más ha sufrido las consecuencias de las denuncias por la muerte de ‘Tito’ Díaz es su hijo, Juan David Díaz Chamorro, médico de profesión, defensor de derechos humanos, líder social y representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Son cinco los atentados con arma de fuego que ha enfrentado y las intimidaciones se han vuelto casi incontables, lo que ha transformado su cotidianidad, la de su esposa y la de sus hijos, sumiéndolos en una situación que no les permite vivir con tranquilidad. El nuevo capítulo en esta historia tiene que ver con la solicitud que hizo Juan David Díaz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare a Colombia responsable internacionalmente por la desaparición, tortura y asesinato de su padre, ocurridos el 10 de abril de 2003.

De esta gestión se desprenden las nuevas amenazas de muerte en contra del representante de la familia Díaz Chamorro y la petición de la Unión Europea y la Embajada de Francia para que el Estado le ofrezca toda la protección necesaria. Todo comenzó aquel primero de febrero de 2003, cuando en el municipio de Corozal se realizó un Consejo Comunitario con la presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, miembros del Gobierno nacional y departamental, además de representantes de la fuerza pública y personalidades nacionales y regionales. Ese día, Eudaldo León Díaz Salgado, ‘Tito’ Díaz, denunció las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud y las amenazas que venía recibiendo por negarse a hacer parte del supuesto entramado para saquear las arcas destinadas a la atención de las comunidades, dineros que, al parecer, iban a parar a manos de los paramilitares de la época.

“Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, y vea todo lo que me inventaron y me iban a matar; ahora viene el otro paso y es que a mí me van a matar”, dijo en pleno Consejo Comunitario. ‘Tito’ Díaz había sido suspendido de su cargo en noviembre de 2002 y, a finales de marzo de 2003, le retiraron el esquema de seguridad que tenía asignado. El 5 de abril del mismo año fue citado a una reunión, al parecer con miembros de una organización al margen de la ley, bajo la promesa de darle solución a su situación, y el exalcalde de El Roble asistió. Desde ese momento no se supo más sobre su paradero.

Fue desaparecido y, el 10 de abril de 2003, su cuerpo fue hallado sin vida y con evidentes signos de tortura a un costado de la carretera que de Sincelejo conduce al municipio de Sampués (Sucre). Se había cumplido la advertencia que hizo ante el presidente Álvaro Uribe. Fue asesinado y las investigaciones de las autoridades vincularon a las estructuras paramilitares que operaron en Sucre por esos años, además de importantes figuras políticas. Para Juan David Díaz faltan muchas entidades por responder en el caso del asesinato de su padre, al igual que personas vinculadas directamente. “Son entidades como la Gobernación de Sucre, el director del DAS —entidad que hizo el informe indicando que mi padre era guerrillero—, la Procuraduría en Sucre, el Inpec, el director de la Policía de la época, coronel Norman León Arango, y el mismo expresidente Álvaro Uribe”, indicó.

Se espera, además, que el excomandante de la Policía en Sucre, Norman León Arango, quien fue aceptado en la JEP, pueda aportar nuevos detalles sobre lo ocurrido con la muerte de Eudaldo Díaz Salgado. Por lo pronto, el líder social ya comenzó a recibir la protección solicitada, al igual que su familia. Se espera también que se reactive el proceso judicial, tras una solicitud de la Comisión Interamericana, para que sean condenados otros autores materiales e intelectuales. Francisco Javier Barrios Especial para EL TIEMPO Correo: Pachoby@gmail.com X: @barrios_ye2216