Defensa de Verónica Alcocer solicita acceso a la indagación por narcotráfico y garantías para ejercer sus derechos
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Claves de la noticia
- Ricardo Gaviria, abogado de Verónica Alcocer, pidió acceso a la indagación por presunto narcotráfico que se sigue contra su cliente.
- La defensa valora que la Fiscalía haya citado a declarar a Alcocer bajo juramento por los señalamientos de Eva Ferrer sobre un viaje oficial a Venezuela.
- Según la defensa, las respuestas de la Fiscalía a su solicitud del 13 de octubre remitieron a otras dependencias y no identificaron la actuación.
- La defensa afirma que la investigación se conoció gracias a información difundida por Ricardo Ospina y Blu Radio.
- Los abogados radicaron un memorial poniéndose a disposición de la Fiscalía y piden garantías para ejercer la defensa material y técnica.
Contexto
La noticia se enmarca en una investigación penal por presunto narcotráfico vinculada a Verónica Alcocer, quien fue primera dama de Colombia como esposa del expresidente Gustavo Petro. Los señalamientos, formulados por Eva Ferrer, atribuyen al transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela, un hecho que compromete también la imagen del país. La defensa sostiene que las acusaciones son de oídas y han sido controvertidas por su supuesta fuente. En Colombia, el derecho de defensa y la presunción de inocencia son garantías constitucionales, y la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de dirigir las investigaciones penales. Por ahora, la controversia gira en torno al acceso al expediente y a la posibilidad de que la acusada pueda responder ante las autoridades.
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Ricardo Gaviria, abogado de la ex primera dama, Verónica Alcocer, informó en un comunicado que pidió acceso a la indagación por presunto narcotráfico que se sigue contra su cliente.
“Valoramos que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de los señalamientos de Eva Ferrer y la haya citado a declarar bajo la gravedad del juramento sobre el supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela”, indicó el apoderado.
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Agregó en este sentido que desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, la ex esposa del expresidente Gustavo Petro “ha manifestado su disposición a comparecer y su defensa ha estado presta a aportar la información relevante que ha recabado”.
“El 13 de octubre solicitamos a la fiscal general y al vicefiscal general que nos informaran dónde se investigaban esos hechos. Vencido el término para responder, tuvimos que insistir. Las respuestas recibidas nos remitieron a otras dependencias sin identificar esta actuación. Solo hoy, gracias a la información difundida por Ricardo Ospina y Blu Radio, conocimos el despacho que la adelanta”, agregó el abogado.
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Expuso al respecto que aunque los señalamientos sean de oídas y hayan sido controvertidos por su supuesta fuente, deben investigarse: atribuyen a un viaje oficial el transporte de drogas, armas y dineros ilícitos, comprometiendo también la imagen de Colombia.
“Por eso exigimos rigor, transparencia y, sobre todo, lealtad. Hace más de dos décadas, la Corte Constitucional, conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, reconoció el carácter universal e intemporal del derecho de defensa. Ni la gravedad de las acusaciones ni las condenas anticipadas de la opinión pública desplazan la presunción de inocencia”, se lee en el comunicado.
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También anuncian que han radicado el poder y el memorial mediante el cual se ponen a disposición de la Fiscalía y solicitan garantías para ejercer la defensa material y técnica: “Nuestro propósito es demostrar, en esta fase de indagación, que los hechos atribuidos a Verónica Alcocer jamás ocurrieron y, una vez esclarecida su falsedad, ejercer las acciones penales y civiles correspondientes para exigir las sanciones y la reparación de los daños a quienes formularon y difundieron esas imputaciones”.
Finalmente, manifiestan solidaridad con los medios de comunicación y los periodistas que cumplen la importante labor de informar, y rechazan las amenazas y cualquier forma de intimidación que pretenda obstaculizar su trabajo.
“En este caso, su labor permitió conocer una actuación que las respuestas institucionales no habían logrado identificar y hacer efectivo el ejercicio de la defensa”, concluye Gaviria.
