Gobierno de Trump desafía al Congreso: desviará miles de millones de fondos destinados a la salud de países de bajos ingresos

El Gobierno de Trump planea reasignar o retener casi la totalidad de los fondos que el Congreso había destinado este año a la ayuda internacional para la planificación familiar —unos US$ 605 millones—, según un informe presupuestario interno del Departamento de Estado de EE.UU. y un memorando dirigido a los legisladores, ambos obtenidos por CNN.

Los planes presupuestarios también incluyen una iniciativa para transferir cerca de US$ 1.000 millones a un fondo de innovación en salud global que beneficia a empresas estadounidenses, al tiempo que se recortan drásticamente los fondos de salud global para países de ingresos bajos y medios.

Estas medidas han suscitado críticas por parte de organizaciones sin fines de lucro y legisladores, quienes argumentan que la administración está extralimitándose en sus funciones, dado que el Congreso tiene la facultad de decidir cómo se gasta el dinero.

Una copia del informe presupuestario —denominado asignación preliminar para el año fiscal 2026— revela planes para desviar o reasignar casi la totalidad de los US$ 607,5 millones que el Congreso había destinado a proporcionar anticonceptivos y otros servicios de salud reproductiva a mujeres en el extranjero.

Decenas de millones de esos fondos se desviarán para apoyar las “necesidades de seguridad energética” de los socios de EE.UU. que enfrentan perturbaciones en el mercado debido a las guerras en Irán y Ucrania, según un memorando independiente firmado en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio. El memorando ofrecía pocos detalles adicionales sobre cómo se gastaría ese dinero.

Durante décadas, la ayuda estadounidense para la planificación familiar ha proporcionado anticonceptivos modernos a millones de mujeres en el extranjero, permitiéndoles prevenir o espaciar los embarazos; las investigaciones demuestran que esto mejora las tasas de mortalidad materna, los ingresos familiares y la salud de los bebés.

En el año fiscal 2024 —antes de que Trump regresara al cargo—, se estima que la inversión de EE.UU. en planificación familiar a nivel mundial evitó 34.000 muertes maternas, según el Instituto Guttmacher.

Los planes presupuestarios también revelan fuertes recortes en la asistencia sanitaria estadounidense para la mayoría de los países en comparación con los niveles de financiación de 2024, según un análisis del documento presupuestario filtrado realizado por Public Citizen, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los consumidores. Su análisis, compartido en exclusiva con CNN antes de su publicación el sábado, se llevó a cabo en colaboración con las organizaciones sin fines de lucro Partners In Health (PIH) y Population Action International (PAI), esta última dedicada a la defensa de los derechos reproductivos.

Los países con mayores reducciones de fondos para programas de salud son Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue; todos ellos han sufrido recortes superiores a los US$ 100 millones. Ocho países —Afganistán, República Centroafricana, Gambia, Sudáfrica, Somalia, Sudán, Timor Oriental y Yemen— han visto reducida a cero su financiación sanitaria desde 2024.

Al ser consultado sobre el desvío de fondos, un portavoz del Departamento de Estado declaró a CNN que “la administración evalúa constantemente el uso de la asistencia exterior para garantizar que se destine a cubrir necesidades críticas, incluidas contingencias imprevistas como la actual crisis energética mundial, dentro del marco de su presupuesto anual asignado y de las facultades de las que disponen el presidente y el secretario”.

Al ser consultado sobre el desvío de fondos para planificación familiar por parte del departamento, el portavoz declaró: “Nuestro enfoque se centra en implementar atención que salva vidas —incluyendo áreas como el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria y la salud materno-infantil— mediante nuevos e importantes memorandos de entendimiento (MOU) bilaterales sobre salud global”.

Vincent Lin, director asociado de políticas de salud y defensa de derechos en PIH, dijo a CNN que los últimos movimientos presupuestarios “contradicen lo que el Congreso ha establecido en las leyes de asignación de fondos”.

“Ver cómo fondos, por los que el Congreso luchó y que quedaron consagrados en la ley, son desviados o transferidos a necesidades de seguridad energética, a empresas privadas estadounidenses con fines de lucro, o retirados de programas de salud pública realmente importantes… creo que es devastador presenciar algo así”, afirmó Lin.

“El poder ejecutivo está incumpliendo flagrantemente el gasto del dinero que el Congreso ha asignado por ley para un fin muy específico”, declaró Lin a CNN. “En lo que respecta a la planificación familiar… esta es la situación más clara en la que el poder ejecutivo ignora o viola la voluntad del Congreso”.

En los últimos dos años, el Departamento de Estado ha realizado varios intentos por asumir un mayor control sobre los fondos estadounidenses destinados a la salud mundial y por recortar gastos, incluso dejando de transferir ciertos fondos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). CNN también ha informado anteriormente sobre la decisión de la administración de reasignar US$ 1.350 millones —fondos destinados a programas de salud mundial— para cubrir los costos del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Muchos de estos cambios se han llevado a cabo sin anuncios públicos ni transparencia.

La organización Public Citizen demandó al Departamento de Estado para obligar a la divulgación de los registros relacionados con dichos acuerdos bilaterales de salud mundial, los cuales la administración ha mantenido mayoritariamente confidenciales. La demanda sigue su curso en los tribunales federales, aunque algunos documentos han salido a la luz gracias a solicitudes presentadas por grupos de vigilancia ciudadana al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La congresista Lois Frankel, demócrata por Florida y miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, afirmó: “La negativa de la administración Trump a gastar los fondos asignados por el Congreso para la planificación familiar internacional, tal como exige la ley, es vergonzosa y peligrosa”.

“Estas decisiones tienen consecuencias reales y transformadoras para la salud, la seguridad económica y las oportunidades de las mujeres, así como para el bienestar de sus familias y comunidades”, declaró Frankel a CNN.

Ayuda para la planificación familiar se desvió a las “necesidades de seguridad energética”

En un memorando dirigido al Congreso y firmado por el secretario de Estado Rubio —documento obtenido por CNN y cuya existencia fue revelada inicialmente por The New York Times—, se informó que había autorizado la reasignación de hasta US$ 125 millones de ayuda exterior para atender “necesidades de seguridad energética”.

Más de US$ 48 millones de esa cifra provendrían de fondos destinados a la ayuda para la planificación familiar, según el memorando.

El documento también detallaba desvíos millonarios de fondos originalmente destinados a otros programas estadounidenses, incluidas iniciativas para fomentar la paz entre palestinos e israelíes y asistencia en el extranjero para víctimas civiles de conflictos bélicos.

En el memorando, Rubio invocó una ley que permite al gobierno utilizar fondos de asistencia exterior ya existentes para hacer frente a crisis imprevistas, señalando que los recursos se emplearían para “apoyar necesidades urgentes de seguridad energética de socios que enfrentan cortes de suministro coercitivos, alteraciones del mercado y costos inflados, particularmente debido a las acciones deliberadas y extorsivas de Rusia, China e Irán”.

Esta medida se produce en un contexto en el que la guerra en Irán ha perturbado los mercados energéticos y provocado un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

El memorando del Departamento de Estado no ofreció más detalles sobre cómo se gastaría el dinero desviado hacia la seguridad energética.

Un asesor demócrata del Congreso declaró a CNN que el desvío de fondos constituye “una facultad que efectivamente poseen, pero que nunca antes se había utilizado de esta manera”.

Por otra parte, el documento presupuestario del Departamento de Estado revela que otros US$ 32 millones, asignados originalmente al Fondo de Población de las Naciones Unidas, también se están desviando hacia otros programas de salud.

Asimismo, se están reteniendo otros US$ 524 millones destinados a la planificación familiar sin ofrecer ninguna justificación, según un análisis realizado por las organizaciones Public Citizen, PIH y PAI. En el documento presupuestario del Departamento de Estado, dicha partida figura bajo la categoría de “fondos pendientes de programación”. Otros documentos presupuestarios de acceso público clasifican esa suma como “no asignada”, lo que, a juicio de los analistas, indica que los fondos no han sido habilitados para su ejecución.

“Esta decisión no guarda coherencia con la trayectoria del Congreso de apoyo bipartidista a la planificación familiar y a la atención de la salud reproductiva”, afirmó Nabeeha Kazi Hutchins, presidenta y directora ejecutiva de PAI. “Es el Congreso quien ostenta la autoridad presupuestaria; las acciones y declaraciones de esta administración suscitan serias dudas sobre si el poder ejecutivo está excediendo sus competencias constitucionales”.

“Para nosotros, esta no es solo una decisión presupuestaria aislada”, declaró a CNN. “Es parte de una orientación política mucho más amplia que restringe cada vez más la salud y el bienestar de las mujeres”.

No es la primera vez que la administración de Trump indica que no planea destinar fondos a la planificación familiar o a la ayuda para la salud reproductiva, a pesar de las asignaciones bipartidistas aprobadas por el Congreso. El año pasado, Rubio afirmó en su testimonio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que, en lo que respecta a los programas de planificación familiar, “no vamos a participar en ese ámbito a nivel mundial”.

La administración de Trump también ha equiparado anteriormente ciertos tipos de anticoncepción con el aborto, una afirmación que los profesionales médicos han refutado.

Transferir dinero al “fondo de innovación” cuando los países extranjeros se vieron afectados por los recortes de ayuda

El documento presupuestario para 2026 también reveló planes para transferir US$ 888 millones de los fondos destinados a la salud mundial a un “fondo de innovación” que respalda a empresas estadounidenses dedicadas a la ciencia, la tecnología y la medicina.

Al mismo tiempo, se están recortando más de US$ 1.600 millones de la financiación para la salud mundial destinada a países extranjeros, según un análisis realizado por Public Citizen, PIH y PAI.

Esta medida se produce después de que el Gobierno de Trump iniciara el año pasado una reforma integral de la forma en que Estados Unidos presta asistencia sanitaria en todo el mundo, denominada “Estrategia de Salud Mundial ‘America First’”. El objetivo declarado de la estrategia es lograr que los países receptores de ayuda desarrollen aún más sus propios sistemas de salud y que Estados Unidos reduzca su gasto en asistencia.

Sin embargo, Public Citizen, PIH y PAI sostienen que, en realidad, los recortes y desvíos de fondos dificultan que los países refuercen sus propios sistemas sanitarios.

“Los recortes de la administración a los programas a nivel nacional privan de recursos a los sistemas y servicios de salud locales que brindan atención y frenan la propagación de enfermedades. El aumento simultáneo de recursos para el fondo de innovación prioriza los intereses comerciales sobre estos objetivos fundamentales de salud mundial”, señalaron las tres organizaciones en su análisis.

La justificación de la administración para la nueva estrategia “America First” era que las ONG malgastaban el dinero y que este debía destinarse directamente a los gobiernos extranjeros, según Peter Maybarduk, director de la iniciativa de acceso a medicamentos de Public Citizen. “Pero la realidad es que vamos a quitar dinero a los gobiernos y a las ONG para dárselo a las grandes corporaciones”, afirmó.

El informe de Public Citizen también expresó preocupación por la falta de transparencia en cuanto a la adjudicación de contratos gubernamentales a través del “fondo de innovación” de US$ 888 millones, una cifra muy superior a la asignada cuando se creó el fondo en 2025.

Originalmente, la administración había destinado US$ 60 millones al fondo de innovación, según los documentos presupuestarios del año fiscal 2025.

“El Departamento de Estado no ha aclarado cómo solicitará y evaluará las adjudicaciones con cargo al fondo (de innovación)”, señalaron Public Citizen, PIH y PAI en su informe, en el que también criticaron al departamento por “depender cada vez más de adjudicaciones directas no competitivas”.

El portavoz del Departamento de Estado declaró a CNN: “La administración de Trump sigue explorando formas de identificar y aprovechar las innovaciones estadounidenses para salvar vidas, y de hacerlo de manera más rentable en colaboración con el Congreso”.

El departamento no respondió a la pregunta de la CNN sobre el proceso específico para la adjudicación de contratos a través del fondo de innovación.

CNN ha informado anteriormente sobre el uso de contratos sin licitación por parte de la administración de Trump en otras áreas del gobierno, especialmente en proyectos de renovación y construcción en la ciudad de Washington.

Ha habido poca información pública sobre los proyectos y empresas específicos que recibirán fondos del programa de innovación en salud global. No obstante, el Departamento de Estado ha anunciado recientemente algunas asociaciones que, según afirma, fomentan la innovación estadounidense, incluidos contratos con la empresa de entregas con drones Zipline, la farmacéutica Gilead Sciences y SC Johnson.

“Sin un proceso transparente y sujeto a rendición de cuentas para la asignación de nuevos fondos, estos podrían destinarse no a quienes presenten las mejores propuestas para lograr un impacto en la salud pública, sino a quienes tengan acceso directo y privado a la administración”, señaló el informe de Public Citizen. “Además, las nuevas tecnologías no sustituyen el apoyo directo a los países”.